En la región donde el 10% de la población concentra el 72% de la riqueza, los recursos financieros para combatir la crisis deben venir de quienes los pueden proporcionar porque pueden reducir sus ganancias sin perjudicarse, no de los que sólo los podrían dar reduciendo sus derechos.
A finales de 2019, ya se esperaba que el crecimiento económico de América Latina y el Caribe este año sería muy bajo. El descontento de la población estaba estampado en todos los medios, con imágenes de desigualdad, inestabilidad y protestas en varios países.
Con la pandemia, todos los indicadores de desarrollo económico y social de la región se están hundiendo aún más: en pocos meses desde el comienzo de la crisis sanitaria, los alarmantes niveles de pobreza, por ejemplo, han aumentado en casi 6 puntos porcentuales, de 30,3% a 35,8%, de acuerdo con Adrián Falco, coordinador de la Fundación SES y secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC), miembro regional de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ).
“Por supuesto que a bajo o nulo crecimiento, con el estancamiento del gasto social y el aumento sostenido de la pobreza en la región, tenemos que luchar contra una serie de impedimentos que veníamos arrastrando desde muchos años y nos quitan la capacidad de recaudar los montos necesarios para combatir la crisis”, dijo Falco durante su participación en el webinar ‘Justicia fiscal para combatir la crisis’, el 16 de septiembre.
La sesión, organizada por la Alianza Global por la Justicia Fiscal, la RJFALC y Latindadd, fue parte de la programación de las Jornadas Mundiales de Acción, una campaña global de la Alianza y todos sus miembros para impulsar la justicia fiscal como parte de las medidas para poner fin a la crisis socioeconómica resultante de la pandemia. Se puede ver el video de la discusión aquí.
https://www.facebook.com/watch/RJFALyC/
RJFALC: “Necesitamos tomar medidas urgentes para evitar que estos números sigan aumentando. Si no avanzamos con la justicia fiscal, la foto de la póspandemia será peor que la prepandemia.”
Lo que aquí se hace, aquí (no) se paga
A corto plazo, algunas de las medidas propuestas por la RJFALC para combatir la crisis son los impuestos a las ganancias extraordinarias y a las empresas digitales. “A lo largo de los últimos años, el crecimiento de los beneficios empresariales de las grandes corporaciones internacionales han crecido tres veces más rápido que la economía mundial”, comenta Susana Ruiz, coordinadora de justicia fiscal en Oxfam, que también participó del webinar. “Después de la crisis de 2008, las grandes corporaciones están tributando menos. Las tecnológicas aún menos.”
Para Ruiz, lo que permite la baja tributación de grandes empresas es el hecho de que el sistema fiscal “está anclado en el siglo pasado” y no ha sido adaptado para los modelos empresariales actuales. “Los sistemas están pensados para que una empresa tribute en los países donde están operando, teniendo una presencia física y fiscal. Sin embargo, hay empresas que pueden estar prestando servicios sin tener presencia en el territorio, como Uber por ejemplo. Quien está en el país es el conductor, pero en realidad el pago se va a otro país, que está fuera de la jurisdicción y del alcance de la administración tributaria”, explica.
De acuerdo con ella, antes de la crisis ya se estimaba que en la región la economía digital podría llegar a representar el 40% del PIB regional en 2025. “Es decir, con estos abusos que estaban utilizando las empresas podríamos tener casi la mitad del PIB regional, que está prácticamente desfiscalizada”, dice. La pandemia ha acelerado este proceso y las tecnológicas están creciendo mucho más rápido de lo que se esperaba. Durante estos últimos meses de pandemia, el sector ha presentado un crecimiento del 36%.
Oxfam: “Si Jeff Bezos le diera un bonus a cada uno de sus 876 mil empleados de 105 mil dólares, en este momento sería igual de rico de lo que era antes de la pandemia.”
Hay un proceso liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en teoría tenía que ayudarnos a reconstruir la lógica de tributación de las empresas digitales y llevarnos hacia una nueva realidad fiscal internacional. No obstante, como alerta Ruiz, “estamos en una situación perversa: un proceso internacional, con jugadores que no están en igualdad de condiciones.”
Sin un ámbito global de gobernanza que nos permita avanzar de una forma multilateral, algunos países han avanzado de forma individual. “Estas medidas son regresivas en parte, son insuficientes en su cobertura, generan riesgo de guerra comercial, pero socialmente es difícil de aceptar que quienes más ganan con la crisis seguirán sin ningún tipo de presión fiscal”, concluye Susana.
Una gran fortuna para pocos
Las grandes empresas, especialmente las digitales, no han sido las únicas en beneficiarse con un crecimiento exponencial – y no se trata de una coincidencia ni de suerte. Según Oxfam, de marzo a julio de este año, la riqueza de los milmillonarios latinoamericanos ha crecido en 48.200 millones de dólares, el equivalente al 38% del conjunto de los paquetes de estímulo que habían aprobado inicialmente los gobiernos para compensar la COVID. Por lo tanto, otra medida a corto plazo propuesta por la RJFALC para combatir la crisis es un impuesto a las grandes riquezas.
“Cuando hablamos de gravar las grandes fortunas, hablamos de gravar la riqueza neta, el patrimonio inmobiliario, las herencias y las rentas de capital”, explica Rosa Cañete Alonso, economista de Latindadd que también integró el panel de discusión. “Necesitamos muchos más recursos de lo que históricamente hemos necesitado para poder enfrentar las crisis económica y sanitaria. Estos recursos deben venir de quienes los pueden dar sólo reduciendo sus ganancias y no de quienes sólo los podrían dar reduciendo sus derechos.”
De acuerdo con Cañete, América Latina y el Caribe recaudan un promedio de 23% del PIB, mucho menos de lo que se recauda en países de la OCDE, que llega al 34,3%. Además de quedarse sin recursos financieros suficientes, la región recauda de forma injusta: la recaudación sobre el patrimonio representa solo el 4% y la mayor parte viene de impuestos al consumo, de forma regresiva. “O sea, es como decir a la población que la transferencia que está recibiendo ahora por el Covid, la va a tener que pagar en los próximos años vía impuestos a su canasta básica si no modificamos esta estructura. Es absolutamente inaceptable que este sistema no cambie”, alerta.
Ella cuenta que la riqueza de la región está súper concentrada: el 1% de la población de la región concentra el 41% de la riqueza y el 10% de la población concentra el 72% de la riqueza. Aún ante este escenario, de acuerdo con una investigación de Oxfam, sólo tres países de 25 de la región tienen impuestos a la riqueza neta y sólo cinco tienen impuestos a las herencias.
“¿Por qué no tributamos la acumulación extrema de la riqueza para que quien la tiene la pueda mejor invertir y generar empleos, que tenerla parada o tenerla acumulada en dividendos?”, inquiere Cañete, explicando que el impuesto a las grandes riquezas sería también una forma de generar empleos. “No sólo tenemos motivos de justicia y ética para hacerlo, sino que también tenemos motivos económicos.”
Según Cañete, ya hay un consenso entre muchos sectores sobre el impuesto a las grandes riquezas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y algunos multimillonarios también lo apoyan. “Varios países en la región han presentado propuestas a sus parlamentos, como Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Argentina. Deberíamos empujar desde la ciudadanía para que tengan más peso”, afirma.
La pobreza tiene rostro de mujer
Todas las personas de todos los países del mundo se ven afectadas por la pandemia, agravando las desigualdades y profundizándose las desigualdades de género. Las mujeres y las niñas son uno de los grupos más impactados en este escenario.
“Si las mujeres ya venían con brechas en los ingresos, en la carga laboral, en el tiempo de cuidado no remunerado, durante el Covid esto se agravó. Por lo tanto, necesitamos recursos que balanceen esta carga desproporcionada para generar las políticas públicas que necesitamos”, cuenta Verónica Serafini, economista de Latindadd y co-coordinadora del grupo de Fiscalidad y Género de la RJFALC.
“No sólo hay una desigualdad de ingresos, a esa se agrega la desigualdad entre hombres y mujeres. Además, esas desigualdades se acumulan: no es lo mismo ser una mujer de clase alta que de clase media o pobre, tampoco es lo mismo ser una mujer campesina y una mujer urbana, por ejemplo”, dice.
Ella explica que como los ingresos de las mujeres son en promedio siempre menores que los de los hombres, los impuestos indirectos las afectan de manera desproporcionada. Esto es el caso de los impuestos al consumo, que son los responsables de la mayor parte de la recaudación en América Latina y el Caribe. “Nuestros sistemas tributarios están llenos de agujeros que socavan las bases tributarias y están fundamentados en privilegios e “incentivos” a los capitales y a las grandes riquezas, donde tampoco están las mujeres”, comenta Serafini.
De acuerdo con Oxfam, las mujeres son las que realizan el 70% del trabajo de cuidado no remunerado, tres veces más que los hombres. Durante la pandemia, con las medidas de confinamiento, esto se ha agravado. Además, se estima que la violencia doméstica ha aumentado en 20% desde el comienzo de la crisis sanitaria. “Esa falta de recursos no ha permitido generar mejores condiciones de vida a las mujeres y a enfrentar no sólo la crisis del cuidado, sino también la de reproducción social. Cuando hablamos de políticas que ellas necesitan para mejorar su entrada en el mercado de trabajo o combatir la violencia doméstica, son prácticamente presupuestos inexistentes”, alerta.
Sólo habrá justicia fiscal con democracia
Aunque cada país y región tenga diferentes contextos, la justicia fiscal es una demanda global y que requiere la contribución de todos para que sea una realidad. Se puede leer las demandas que se impulsan desde la Alianza Global por la Justicia Fiscal, un movimiento formado por redes regionales de la justicia fiscal en América Latina, Asia, África, Europa y América del Norte, unidas a favor de una mayor transparencia y control democrático de los sistemas tributarios y fiscales.
“A nivel internacional, pedimos a todos los Estados que actúen de manera colectiva para detener la transferencia de beneficios, los flujos financieros ilícitos y la baja en los impuestos corporativos porque estos son desafíos que no se pueden resolver individualmente. A menos que este desafío global se enfrente colectivamente, los esfuerzos de los Estados-nación para mejorar la movilización de ingresos internos seguirán siendo insuficientes”, cuenta Dereje Alemayehu, coordinador ejecutivo de la Alianza.
Para que haya cambios sistémicos, la democracia es esencial. Sin la participación de todos los países en las decisiones, los sistemas fiscales seguirán beneficiando a una minoría y perjudicando a los más vulnerables. “Es hora de cambiar la arquitectura financiera global y democratizar la gobernanza del sistema fiscal internacional. Para esto se necesita un marco de negociación en las Naciones Unidas, para que todos los países participen igualmente en la formulación de las normas fiscales mundiales”, defiende Alemayehu.
