En 2020, se completó 25 años desde el inicio de la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un plan de las Naciones Unidas adoptado por países miembros en 1995 para promover los derechos de la mujer. En ese contexto, la Internacional de Servicios Públicos, nuestro aliada en la campaña Por un sistema fiscal feminista, realizó un análisis del informe nacional publicado por el gobierno de Perú sobre los avances en la aplicación de la agenda de los derechos de las mujeres.
El estudio se hizo de una perspectiva de justicia fiscal, a partir de indicadores-clave, como el financiamiento de servicios públicos que benefician a las mujeres y niñas y medidas tributarias que pueden impactarlas. La justicia fiscal es una forma de combatir la desigualdad de género y debe ser parte integral de la lucha por los derechos de las mujeres.
María Rosario Dávila Loayza, coordinadora del Comité Nacional Mujeres ISP Perú y una de las responsables por el estudio, escribió un resumen especial del análisis para la Alianza Global por la Justicia Fiscal, que se puede leer aquí. “Se señala que en Perú los cambios jurídicos e institucionales a favor de la igualdad de género son el principal logro del período y ‘el más generalizado que ha tenido lugar en la región latinoamericana’”, comenta.
Para ella, el informe nacional debería incluir información sobre el financiamiento de los servicios públicos que benefician a las mujeres y niñas peruanas. “En ese sentido, es importante analizar la evolución de la recaudación tributaria, las exoneraciones tributarias y la evolución del presupuesto asignado a servicios públicos ligados a la Política Nacional para la Igualdad de Género”, recomienda.
La investigación también sugiere incluir un análisis de la evolución de los tributos que impactan directamente a las mujeres, como el Impuesto General a las Ventas. Impuestos de consumo como este suelen pesar más a las mujeres, que tienen menos acceso a empleos formales y con salarios dignos, y que gastan la mayor parte de sus ingresos con productos básicos para el sustento de sus hogares.
Por fín, la ISP también refuerza la importancia de incluir más la opinión de la sociedad civil en próximos informes. Pese a que el informe haya sido escrito con la contribución de organizaciones de la sociedad civil que participan en la mesa de diálogo promovido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del país, María Rosario destaca que faltó la participación de mujeres sindicalistas del sector público y privado, gremios, trabajadoras independientes, además de productoras rurales y urbanas.
Lea el estudio completo en el sitio de la ISP.
