(Imagen: Juan Arredondo/ Getty Images/ Images of Empowerment)
Como parte de nuestras Jornadas Mundiales de Acción de Justicia Fiscal por los Derechos de las Mujeres, la Alianza Global por la Justicia Fiscal invitó a miembros y aliados para contarnos sobre los impactos de los sistemas fiscales en las mujeres de sus regiones y cómo podemos hacer que los impuestos funcionen para las mujeres. María Rosario Dávila Loayza, miembro de FED-CUT Essalud y Coordinadora del Comité Nacional de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos en Perú, nos trae un relato desde Perú.
Tensiones entre la política fiscal y el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing para garantizar los derechos de las mujeres en Perú
El Informe Nacional de Perú sobre los avances en la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, publicado en mayo de 2019, da cuenta que en el último quinquenio 2015-2019, el país aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG), para abordar la discriminación estructural que sufren las mujeres. Una ley que se enmarca en un horizonte estratégico y de resultados a mediano y largo plazo del Estado hacia la igualdad de género, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible.
El informe sostiene que en el quinquenio 2015-2019, el país alcanzó a desarrollar un marco normativo (leyes, decretos y normas de menor jerarquía), que abordan los distintos contextos de discriminación que afectan a las mujeres y que plantean un enfoque de género. Y que este desarrollo supuso, en muchos casos, el incremento del presupuesto previsto para abordar esta problemática, destacando de hecho que “el adoptar medidas tendientes a incorporar el enfoque de género en los presupuestos públicos constituye una obligación del Estado”. (Informe Nacional, 2019, pg 13).
Sin embargo, al contraponer los alcances, objetivos y prioridades que se expresan en el Informe Nacional con los presupuestos asignados a las políticas de género, aparecen algunas tensiones, que son recogidas en el aporte que realiza la Internacional de Servicios Públicos (ISP) al analizar el Informe gubernamental con un enfoque de justicia fiscal y justicia de género.
En su indagación, la ISP advierte que en los últimos años no sólo no se amplió sino que se redujo el presupuesto para las políticas de género, en programas que atienden servicios públicos que favorecen a mujeres y niñas peruanas. A pesar del déficit de información en los informes nacionales como para lograr una adecuada evaluación de los esfuerzos del Estado para combatir las brechas de género, se identificó un conjunto de 17 programas vinculados a servicios públicos que benefician a mujeres y niñas, que entre 2017 y 2018 sufrieron una reducción del presupuesto global del 5%. Estos programas están contenidos en el PNIG, y atienden problemas nutricionales, de enfermedades, brindan asistencia materno-neonatal, tratan problemas habitacionales, atienden a poblaciones pobres, y se ocupan del acceso a la educación básica, y de la asistencia a hogares rurales con economías de subsistencia.
La reducción afectó específicamente a cuatro programas que atienden especialmente a mujeres, ancianas y niñas, e incluyen asistencias para servicios de educación, salud, minorías étnicas y rurales, y desastres naturales.
Por ejemplo, en los servicios de salud, el Informe Nacional reconoce el desafío de encarar la reducción de la tasa de mortalidad materna en el grupo de adolescentes de menores de 20 años, que acusan tasas muy altas por la debilidad en el acceso a servicios integrales que incluyan educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos modernos (Informe Nacional 2019, páginas 24 y 25). Más allá de la identificación de este problema, el presupuesto asignado al programa que asiste en temas de salud materno-neonatal, no fue fortalecido entre 2017 y 2018.
En los servicios de educación, el Informe Nacional menciona que se incrementó el presupuesto general en educación, y que existe paridad entre hombres y mujeres en el acceso a la educación. Sin embargo se sostiene que existen diferencias educativas entre mujeres y varones cuando se focaliza en grupos de población pobre. El problema iría más allá del acceso, pues se identifican trabas como el trabajo infantil al interior del hogar, embarazos precoces, y violencia basada en el género. A su vez, el Informe sostiene que se desarrollaron en el país los programas interculturales bilingües, colocando como principal desafió superar la deserción escolar en el ámbito rural (Informe Nacional, 2019, pg 21 y 22).
Sin embargo, uno de los 17 programas en los que se redujo el presupuesto fue el que asiste a niñas rurales para mejorar el acceso a la educación básica regular. Según el análisis de ISP, el aumento de la tasa de deserción escolar en 2018, en niños y niñas rurales, puede relacionarse con la contracción presupuestaria asignada al programa para el acceso a la educación básica de niños y niñas de 3 a 16 años.
Se desconocen las causas de la reducción de los montos de las partidas. El Informe Nacional no da cuenta de las fuentes de financiamiento de los programas, y por tanto quiénes serían los agentes que contribuyen, como tampoco el tipo de impuesto que más contribuye, y la importancia de estas obligaciones tributarias para la consecución de la igualdad de género.
El informe de ISP supone que la reducción presupuestaria se asocia con la caída en los ingresos tributarios netos de la administración central peruana en 2017 (de 13.6 % del PIB en 2016 cayó a 13% en 2017). Como dato adicional se señala que entre 2010 y 2019, las exoneraciones tributarias otorgadas sin criterio de justicia tributaria ascendieron en Perú a 130 millones de soles – solo en 2019 a 17 millones de soles –, montos que podrían haber mejorado el financiamiento o evitado la reducción de los presupuestos de los programas que asisten a los grupos más vulnerables de mujeres y niñas peruanas.
¡Por ello, debemos hacer que los impuestos funcionen para las mujeres!
