La Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ) reitera su preocupación con respecto a las propuestas injustas del Marco Inclusivo liderado por la OCDE para nuevas reglas tributarias globales, que evidentemente no proponen una solución a los problemas fundamentales de la actual arquitectura tributaria internacional e ignoran los intereses de los países en desarrollo. La OCDE emitió un comunicado este jueves (1 de julio) sobre su “solución”, que se basa en el reciente acuerdo del Grupo de los Siete (G7) sobre una tasa impositiva corporativa mínima global del 15%, y no lleva en consideración las sugerencias, propuestas y reservas que han presentado varios países en desarrollo a lo largo de muchos años de trabajo.

Las “soluciones” no abordan las causas fundamentales de las prácticas y normas actuales que incentivan la transferencia de beneficios y facilitan la evasión fiscal con impunidad. El impuesto mínimo global acordado del 15% es mucho más bajo que el promedio mundial del impuesto sobre la renta de las empresas del 25% y más cercano al 12,5% propuesto por las jurisdicciones con impuestos bajos o nulos. Como destacó Mathew Gbonjubola, embajador de Nigeria en la OCDE, establecer el impuesto mínimo global en ese nivel “no beneficiaría mucho a los países de África” y es “probable que promueva continuamente la erosión de la base [impositiva] de los países africanos”. En lugar de detener la competencia fiscal de la “carrera hacia el fondo”, esta tasa baja pondrá a los países que tienen una tasa impositiva corporativa más alta en una “carrera hacia el mínimo”.

Limitar el alcance de la “solución” del Marco Inclusivo de la OCDE a un centenar de corporaciones multinacionales no permitirá a los países en desarrollo recaudar más ingresos fiscales de todas las corporaciones. Además, un mayor porcentaje de los limitados ingresos adicionales que las “soluciones” pueden aportar irán desproporcionadamente a los países ricos. Una solución justa habría hecho (y debería haber hecho) lo contrario: garantizar que un porcentaje más alto de cualquier ingreso adicional que sea posible gracias a una reforma se asigne a los países en desarrollo que se ven más afectados por la transferencia de beneficios y la crisis socioeconómica provocada por la pandemia.

Lejos de garantizar los derechos impositivos de los países en desarrollo, la “solución” limitará el derecho a imponer de los países de origen a una pequeña proporción de las ganancias de las empresas multinacionales y consolidará los derechos impositivos de los países sede sobre las ganancias globales.

El acuerdo institucional en el que estas “soluciones” se “negocian” carece de transparencia y rendición de cuentas. Las “negociaciones” a puerta cerrada sólo exponen a los representantes de los países en desarrollo a presiones políticas y manipulación para aceptar el trato de los países ricos.

Una solución acordada en un proceso informal y opaco, fuera del sistema de la ONU y sin la participación de todos los países, no puede tener la legitimidad para ser un acuerdo internacional vinculante. Un acuerdo global justo sólo es posible en un proceso intergubernamental abierto y transparente, en el que el público y la sociedad civil puedan hacer que los negociadores rindan cuentas de las propuestas y decisiones, y en el que los borradores de los acuerdos estén abiertos al escrutinio público. Este proceso sólo será posible a través de negociaciones intergubernamentales basadas en la ONU, en las que los países puedan participar como iguales.

Por lo tanto, reiteramos nuestro llamado para el establecimiento de una comisión tributaria intergubernamental universal en la ONU y la negociación de una Convención Fiscal de la ONU para abordar de manera integral las guaridas fiscales, el abuso fiscal por parte de corporaciones multinacionales y otros flujos financieros ilícitos.