Días Mundiales de Acción por la Justicia Fiscal para los Derechos de las Mujeres 2026
La crisis global de la organización social de cuidados constituye una de las dimensiones más urgentes y, al mismo tiempo, menos atendidas de la desigualdad de género. A escala mundial, las mujeres y las niñas asumen la mayor carga del trabajo de cuidados no remunerado y mal remunerado, sosteniendo hogares, comunidades y economías, mientras absorben las deficiencias de sistemas públicos crónicamente subfinanciados, como los de salud y educación. Un análisis feminista de esta crisis demuestra que no se trata de un fenómeno accidental. Por el contrario, es el resultado de sistemas fiscales y tributarios que infravaloran sistemáticamente la reproducción social, privatizan el riesgo y priorizan el capital por encima de las personas. En este contexto, el cuidado es sistemáticamente excluido de la política económica y tratado como una responsabilidad de las mujeres, en lugar de reconocerse como un bien público. A medida que los Estados desinvierten en infraestructura de cuidados, protección social y servicios públicos, el cuidado se mercantiliza, y las mujeres pasan a desempeñar el papel de amortiguadoras de las crisis económicas, extendiendo su tiempo, su trabajo y sus propios cuerpos para compensar la contracción de los servicios públicos. Además, el problema se agrava y complejiza cuando las mujeres del Sur Global migran, para cubrir sus respectivas crisis de cuidados, hacia países del Norte Global, donde con frecuencia enfrentan condiciones laborales explotadoras e incluso formas contemporáneas de esclavitud. No es posible separar la crisis de los cuidados de la crisis climática. Sin una recaudación pública suficiente, los Estados carecen de la capacidad para construir infraestructuras resilientes y garantizar sistemas de protección social capaces de responder adecuadamente a los impactos climáticos.
El sistema fiscal internacional desempeña un papel central en la perpetuación de esta crisis. Las normas fiscales internacionales vigentes permiten que las empresas multinacionales y las personas de alto patrimonio eludan y evadan obligaciones tributarias a gran escala, privando a los Estados –especialmente en el Sur Global– de los ingresos públicos necesarios para financiar servicios públicos universales, de calidad y con perspectiva de género. Paralelamente, numerosos países enfrentan crecientes obligaciones de servicio de la deuda, lo que restringe aún más su margen fiscal. Ante estas pérdidas, los gobiernos suelen recurrir a impuestos regresivos sobre el consumo, medidas de austeridad y recortes del gasto público. Estas respuestas afectan de manera desproporcionada a las mujeres, profundizan la pobreza y consolidan las desigualdades de género.
Las crisis de los cuidados también es una manifestación de las desigualdades entre países y no puede entenderse al margen de la gobernanza económica global. Las mismas asimetrías de poder que empujan a mujeres de países de bajos ingresos hacia el trabajo transnacional de cuidados se reproducen en las normas fiscales internacionales, que privan a esos países de los ingresos necesarios para financiar sistemas nacionales de cuidados.
Durante décadas, las nomas fiscales internacionales han consolidado los desequilibrios estructurales entre los países de origen, predominantemente en el Sur Global, y los países de residencia, en su mayoría ubicados en el Norte Global. Regiones como África y Asia que, aunque se clasifican como importadoras netas, pero que en la práctica exportan grandes cantidades de recursos naturales y mano de obra barata, pierden sistemáticamente derechos fiscales debido a tratados fiscales restrictivos y prácticas de desplazamiento de beneficios que favorecen a los países del Norte Global y perjudican a aquellos del Sur Global. En la práctica, las normas fiscales injustas desvían flujos financieros hacia los países ricos, donde las corporaciones tienen su sede (países de residencia), mientras que los países donde trabajan las personas y los recursos son extraídos (países de origen) quedan desfinanciados. El resultado es una crisis de los cuidados en la que las mujeres asumen la brecha de trabajo no remunerado. Este desequilibrio es particularmente evidente en los sectores extractivos, donde las ganancias suelen trasladarse al extranjero, mientras que los daños ambientales y los costos asociados a la reproducción social permanecen en el ámbito local.
Las negociaciones en curso para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional (Convención Fiscal de la ONU) representan una oportunidad histórica para reformar la arquitectura fiscal global. Un resultado exitoso implicaría compromisos exigibles en términos de transparencia, una asignación justa de los derechos fiscales y mecanismos que realmente amplíen el espacio fiscal de los países en desarrollo. Sin embargo, el borrador del modelo de convención marco actual no logra establecer un sistema inclusivo, equitativo y basado en derechos, capaz de abordar las desigualdades estructurales, particularmente aquellas originadas en las divisiones de género en torno al trabajo y los cuidados.
Los Días Mundiales de Acción por la Justicia Fiscal para los Derechos de las Mujeres (GDOA)
Los Días Mundiales de Acción por la Justicia Fiscal para los Derechos de las Mujeres (GDOA) son una iniciativa de la Alianza Global por la Justicia Fiscal y sus redes regionales, entre las que se incluyen Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA), Tax Justice Network Africa (TJNA), Tax Justice Europe (TJ-E), la Red de Justicia Fiscal de America Latina y el Caribe (RJFALC), FACT Coalition y Canadians for Tax Fairness (C4TF), así como los miembros del Grupo de Trabajo sobre Impuestos y Género. Desde su lanzamiento en 2017, los GDOA han movilizado a activistas, defensores y personas promotoras de políticas en torno al lema #MakeTaxesWorkForWomen (Hagamos que los impuestos trabajen para las mujeres), promoviendo políticas fiscales que impulsen los derechos de las mujeres y fomenten la justicia de género. A través de esta campaña, la alianza y sus socios tienen como objetivo sensibilizar sobre las cuestiones fiscales que afectan a las mujeres a nivel global, integrar la justicia fiscal dentro de los movimientos feministas y de mujeres, y amplificar las voces y experiencias de las mujeres en toda su diversidad, para que la agenda de la justicia fiscal sea más relevante y tenga un mayor impacto.
Este año marca la décima edición de la campaña, la cual adquiere una importancia especial al coincidir con el período de redacción de la Convención Fiscal de las Naciones Unidas. Este momento representa una oportunidad clave para que las defensoras feministas impulsen su trabajo de incidencia en torno a la financiación de los cuidados, que está directamente vinculada a la justicia fiscal.
Un momento para actuar
A lo largo de las negociaciones, las feministas han dejado en claro que la financiación de los cuidados como derecho humano depende de la transformación de las normas fiscales globales. La Convención Fiscal de las Naciones Unidas constituye un espacio político clave para abordar las desigualdades históricas en la asignación de derechos fiscales, frenar el abuso fiscal por parte de las grandes empresas y los más adinerados y movilizar los ingresos públicos hacia servicios transformadores desde el enfoque de género.
Una asignación justa de los derechos fiscales es esencial para alcanzar la justicia en los cuidados. Cuando los derechos fiscales se concentran en los países de residencia, en lugar de en los países de origen, y los beneficios empresariales se trasladan a través de las fronteras, los gobiernos– especialmente del Sur Global– dejan de tener los ingresos necesarios para financiar servicios clave como la atención sanitaria, el cuidado infantil, el cuidado de personas mayores, la educación y la protección social. La falta de un compromiso explícito con la tributación equitativa de las empresas multinacionales agrava esto aún más, lo que obliga a las mujeres a subvencionar la economía global mediante el trabajo de cuidado no remunerado.
La extrema concentración de la riqueza y el traslado de la residencia fiscal amplifican esta crisis. La tributación progresiva de las personas de alto patrimonio es crucial para abordar las crecientes desigualdades en el ámbito de los cuidados y garantizar que estos sean financiados como un bien público. Sin embargo, una tributación efectiva es inviable sin una cooperación y transparencia robustas. Por ello, la asistencia administrativa mutua y el acceso a la información son requisitos indispensables para alcanzar la justicia en los cuidados, especialmente para los países que enfrentan limitaciones tecnológicas y de capacidad.
Finalmente, los cuidados y la igualdad de género deben estar explícitamente integrados en el mandato de desarrollo de la Convención. Los sistemas fiscales no son neutrales en términos de género y, sin un alineamiento con las obligaciones de derechos humanos de los Estados bajo el derecho y las políticas internacionales de la ONU, incluyendo la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing y los ODS, las reformas fiscales corren el riesgo de reproducir las desigualdades que dicen abordar.
Las economistas feministas, las comunidades de base y las activistas deben aprovechar esta oportunidad para abogar por la inclusión de cláusulas transformadoras desde el enfoque de género en la Convención Fiscal de la ONU.
Campaña GDOA 2026
La décima edición de los GDOA se lanzará el 2 de marzo y se llevará a cabo del 2 al 8 de marzo de 2026.
Los Días Mundiales de Acción por la Justicia Fiscal para los Derechos de las Mujeres (GDOA) 2026 movilizarán a los movimientos feministas, defensoras de la justicia fiscal, organizaciones de trabajadoras de cuidados, sindicatos y sociedad civil a nivel global bajo el lema:
“Justicia fiscal para el derecho humano a los cuidados”
Nuestra campaña exige:
1. Los cuidados como derecho humano y bien público.
Los gobiernos deben reconocer los cuidados como un derecho humano y bien público. Esto implica garantizar un cuidado universal, accesible, asequible y de calidad, que incluya el cuidado infantil, la atención sanitaria, el cuidado de las personas mayores, la asistencia social, y organizar los sistemas de cuidados de manera que promuevan la igualdad de género sustantiva. Para ello, es necesario reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidado; reducir la carga desproporcionada del cuidado no remunerado que asumen las mujeres y las niñas; redistribuir de manera justa las responsabilidades de cuidado entre los hogares, las comunidades y el Estado, así como entre los géneros; recompensar a las y los trabajadores del cuidado con trabajo digno, salarios justos y protección social; garantizar la representación de las y los cuidadores en los procesos de toma de decisiones; y reivindicar la naturaleza pública de los cuidados, así como el papel fundamental del Estado en la financiación, gestión y provisión de sistemas de cuidado universales y públicos.
2. Asignación justa de los derechos fiscales para promover la justicia global y de género
Las normas fiscales globales deben corregir las injusticias históricas que privan de derechos fiscales a los países del Sur Global. Los derechos fiscales deben basarse en los países de origen y en la presencial económica real, y no en conceptos vagos y excluyentes como la “creación de valor”, que favorecen a los centros financieros y los regímenes de propiedad intelectual. La asignación justa de los derechos fiscales es fundamental para restablecer la soberanía fiscal y permitir la inversión en servicios de atención y en servicios públicos transformadores en términos de género.
3. Financiación pública de los cuidados mediante una fiscalidad progresiva y redistributiva
Los gobiernos deben financiar los sistemas de cuidados mediante sistemas fiscales justos, progresivos y redistributivos. Las empresas multinacionales y las personas más ricas deben contribuir con su parte justa para movilizar ingresos públicos suficientes que financien de manera sostenible los sistemas de cuidados, fortalezcan los servicios públicos y trasladen los costos de los cuidados fuera del trabajo no remunerado de las mujeres.
4. Gravar a los ricos y a las empresas multinacionales
Exigimos una tributación efectiva de las empresas multinacionales y de las personas de alto patrimonio mediante normas internacionales coordinadas y vinculantes. Esto implica la adopción de un sistema de tributación unitaria con reparto media fórmula, utilizando criterios de asignación que reflejen la actividad económica real, como el empleo, las ventas y los activos.
Los beneficios empresariales y la riqueza extrema deben redistribuirse de manera justa para financiar sistemas públicos de cuidados, universales y de calidad, y así avanzar hacía una mayor justicia social y de género.
5. Una convención fiscal feminista de las Naciones Unidas ya
La Convención Fiscal de las Naciones Unidas debe integrar de manera explícita y transversal la igualdad de género en todas sus disposiciones. En particular, debe incluir compromisos vinculantes con una fiscalidad con perspectiva de género, así como con la financiación pública suficiente, sostenible y de calidad de los servicios e infraestructuras públicas de cuidados.
Asimismo, la Convención y sus protocolos deben adoptar un estándar claro de igualdad y perspectiva de género, acompañado de mecanismos periódicos de seguimiento, rendición de cuentas y revisión por parte de la Conferencia de las Partes.
Las normas fiscales no son neutrales en términos de género; por el contrario, deben diseñarse e implementarse de forma intencional para desmantelar las desigualdades estructurales y promover una igualdad sustantiva.
6. Acabar con el secreto fiscal
El secreto fiscal facilita el abuso corporativo, erosiona los ingresos públicos y profundiza las desigualdades de género al socavar la financiación adecuada de los sistemas públicos de cuidados, fomentar su privatización y trasladar los costos de los cuidados a la asequibilidad y al trabajo no remunerado de las mujeres. Los gobiernos deben garantizar la presentación de informes públicos país por país, la transparencia sobre la titularidad real y el intercambio efectivo de información. Solo así podrá asegurarse que las empresas paguen impuestos en el lugar donde se desarrolla la actividad económica real y que los recursos públicos se destinen a financiar sistemas de cuidados y servicios públicos transformadores en términos de género. Asimismo, se debe invertir recursos en los países de menores ingresos para fortalecer sus capacidades institucionales y superar las limitaciones de información. Los reportes públicos país por país debe reconocerse como una herramienta clave para evaluar si los derechos de imposición se asignan de manera justa y si las empresas tributan donde se realiza la actividad económica real –y el trabajo de las mujeres– sostienen efectivamente la generación de valor.
Objetivos de los Días Mundiales de Acción 2026
- Sensibilizar sobre los cuidados como derecho humano y el papel central que juega una tributación progresiva y sensible al género en la redistribución de recursos, la reducción de las cargas del cuidado no remunerado y el impulso de la igualdad de género sustantiva.
- Movilizar la incidencia feminista global para garantizar que la Convención Fiscal de la ONU integre compromisos vinculantes transformadores desde el enfoque de género y centrados en los cuidados, en sus disposiciones clave, incluyendo la asignación justa de los derechos fiscales, la tributación de las empresas multinacionales y la riqueza, la transparencia y el desarrollo sostenible.
- Fortalecer y ampliar las alianzas entre movimientos feministas, organizaciones de trabajadoras del cuidado, redes de justicia fiscal, sindicatos y la sociedad civil del Sur Global, para construir poder colectivo y ejercer presión coordinada sobre los responsables de elaborar políticas y tomar decisiones.
- Influir en las políticas y negociaciones a nivel nacional, regional e internacional –especialmente dentro del proceso de la Convención Fiscal de la ONU– para impulsar la justicia fiscal para los derechos de las mujeres y asegurar la financiación pública para sistemas de cuidado universales y públicos.
Conclusión
Los Días Mundiales de Acción por la Justicia Fiscal para los Derechos de las Mujeres 2026 afirman una visión transformadora: un sistema fiscal internacional que deje de extraer valor del trabajo no remunerado y mal remunerado de las mujeres y que, en cambio, redistribuya los recursos para sostener la vida, la dignidad y la igualdad.
Al situar el cuidado como un derecho humano, los GDOA dejan claro que la Convención Fiscal de las Naciones Unidas no es un ejercicio meramente técnico, sino una decisión profundamente política sobre qué vidas, qué trabajo y qué futuros importan.