El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y la Fundación Humboldt organizan un Foro nacional para presentar el informe «El extractivismo minero en Nicaragua: una mirada desde la óptica tributaria».
Contexto:
Entre 2010-2014 Nicaragua experimentó la mayor bonanza minera de los últimos 60 años, con niveles record de producción y exportaciones de oro y plata, con picos de 310.3 miles de onzas troy y US$ 406.7 millones, respectivamente. El marco legal y tributario favorable para las inversiones privadas en el sector, la estabilidad macroeconómica, la “tradición minera del país”, y los elevados precios internacionales del oro y otros metales, propiciaron la entrada masiva de capitales extranjeros, destinado a incrementar la capacidad de producción de empresas transnacionales y sus labores de exploración. En dicho periodo, la inversión anual promedio fue de US$ 114.3 millones, ubicándose en el cuarto lugar del destino de las inversiones, y con un peso sobre el total de IED del 14.5 por ciento.
Paralelamente, los conflictos sociales en los municipios donde están radicadas las operaciones de estas empresas fueron en aumento (casos de Rancho Grande, Santo Domingo, El Limón), mientras los gobiernos municipales sólo obtuvieron una fracción modesta de la renta minera para dar respuesta a las necesidades del desarrollo humano de sus habitantes. Adicionalmente en este periodo de auge, el sector minero empleo la menor proporción de trabajadores del sector formal de la economía de la que se tenga registro, y sólo generó un bienestar transitorio entre las familias con uno más miembros laborando en empresas minera; aumentando así la dependencia económica en estos municipios.
La legislación tributaria es altamente favorable para las empresas mineras, permitiéndoles amplias beneficios tributarios que terminan erosionando la base imponible del impuesto sobre la renta, una regalía fija del 3% sobre el valor de la producción y un marco de protección al inversionista que garantiza la expatriación de las utilidades exentas de impuestos, entre otros beneficios. De la misma manera, las regulaciones ambientales son laxas y las instituciones reguladoras presentan limitantes de recursos (humanos y financieros) para evitar abusos por parte de las empresas.
A nivel de local, los gobiernos municipales se encuentran en una situación de desventaja: desconocen las ganancias obtenidas por las empresas mineras operando en sus municipios y por tanto con anticipación los ingresos que les corresponde vía transferencia, y sus funciones de fiscalización, al estar centralizadas a nivel de Gobierno Central, están limitadas. De mismo modo, las unidades de gestión ambiental de los municipios mineros no cuentan con suficiente personal especializado para fiscalizar las operaciones mineras y sus afectaciones al medio ambiente y a la salud humana.
Por su parte, las organizaciones y movimientos sociales, si bien han logrado contener (caso de Rancho Grande), una mayor expansión de la minería industrial, sus municipios siguen expuestos a la voluntad expresa de las autoridades de propiciar un entorno favorable a la inversión minera, aún a costa del deterioro ambiental y la falta de compromisos políticos para potenciar un desarrollo humano sustentable. Muestra de ello es que la resolución administrativa emitida por el MARENA en 2015, en la que deroga el permiso de concesión del proyecto “El Pavón” a la empresa minera B2Gold Corp, a la fecha no ha sido publicada en la Gaceta Diario Oficial y se conoce que la empresa aún tiene en vigencia otras concesiones en el municipio.
Por otro lado, en los municipios donde ya se ha reinstaurado la minería industrial (caso Santo Domingo), los pobladores, ante la falta de rendición de cuentas por parte de los gobiernos municipales y las empresas mineras, desconocen el origen y uso de la renta minera, sus beneficios y costos y los derechos y obligaciones de las autoridades y los empresarios del sector.
Por los acontecimientos anteriores, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas y el Centro Humboldt proponen aportar a la construcción de una mejor gobernanza de los recursos naturales, y así como alternativas de desarrollo al modelo extractivo imperante en Nicaragua, a través de la apertura de un diálogo incluyente.
Objetivo General:
Propiciar un espacio de diálogo nacional incluyente sobre las implicancias económicas, sociales y ambientales de la actividad minera en Nicaragua.
Objetivo específico:
- Colocar en contexto el estado actual de la minería en Nicaragua y sus impactos económicos, sociales y ambientales.
- Generar reflexión colectiva sobre las alternativas al desarrollo del modelo extractivista minero en Nicaragua.
Resultados esperados:
- Análisis sobre el estado actual del sector minero y sus implicancias económicas y sociales.
- Análisis y conclusiones de los aportes económicos reales del sector minero en Nicaragua.
- Descripción de las alternativas de desarrollo al modelo extractivista en Nicaragua.
- Alcances y retos en los procesos de transparencia y rendición de cuentas de las industrias extractivas.
- Posicionamiento desde la sociedad civil y movimientos sociales sobre el sector minero en el desarrollo sostenible del país.