Garantizar la igualdad de género en los sistemas tributarios y los servicios públicos

Este blog es parte de una serie que explora las cinco demandas de los Días de Acción Mundial de 2025 sobre Justicia Fiscal para los Derechos de las Mujeres.

Por: Klelia Guerrero, Latindadd/RJFLAC

La campaña Días de Acción Global sobre Justicia Fiscal por los Derechos de las Mujeres (GDOA) 2025 nos convoca a repensar y reconstruir un modelo fiscal que garantice igualdad de género, invirtiendo en servicios públicos transformadores que respondan a las necesidades de mujeres, niñas y comunidades marginadas. Desde Latindadd, como secretaria de la la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC), defendemos la demanda cinco: «Garantizar la igualdad de género en los sistemas tributarios y los servicios públicos»

Esta reflexión releva que lo público debe corregir los desequilibrios generados por la actual organización social del cuidado. Más allá del ámbito financiero, debemos reivindicar estratégicamente el cuidado como un derecho humano y un bien público. 

La brecha de género en el trabajo de cuidado

En América Latina, la distribución desigual del trabajo de cuidado es una realidad innegable. Las mujeres asumen, en su mayoría, labores del hogar y el cuidado de familiares, dedicando muchas horas diarias a tareas que rara vez son reconocidas o remuneradas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres en la región destinan el doble de horas en actividades de cuidado no remunerado en comparación con los hombres, repercutiendo en su participación laboral y su acceso a oportunidades.

Además, quienes trabajan en el sector de cuidado remunerado a menudo enfrentan condiciones laborales precarias, bajos salarios y falta de seguridad social, potenciando múltiples vulnerabilidades en este sector predominantemente femenino. La migración —y más en condiciones de irregularidad— supone grandes problemas adicionales que los Estados deben contrarrestar para garantizar la protección de sus derechos.

El valor económico del trabajo de cuidado

El cuidado es la columna vertebral de nuestras sociedades. ONU Mujeres estima que el trabajo no remunerado de cuidado aporta significativamente a los sistemas productivos y reproductivos. Esta inversión silenciosa sostiene la economía y posibilita el desarrollo; contribuyendo al bienestar de las familias y comunidades, fortaleciendo la cohesión social y reduciendo la dependencia de servicios estatales en momentos de crisis. 

Reconocer y visibilizar este aporte es un paso esencial para exigir políticas públicas que aseguren una redistribución equitativa de las cargas y oportunidades.

Reformas fiscales para la igualdad de género

Los sistemas tributarios deben instrumentar la justicia social. La revisión de exenciones y beneficios fiscales, la implementación de tasas progresivas y la financiación de servicios públicos esenciales, son también herramientas para reestructurar la organización social del cuidado y distribuir las oportunidades.

Una mayor y más justa recaudación fiscal (eliminando prácticas que permiten la evasión y elusión fiscal) posibilita la inversión en servicios públicos para crear redes de cuidado universales, accesibles y asequibles, mejorando la calidad de vida de las mujeres y niñas, y ofreciendo alternativas a la dependencia económica y la vulnerabilidad. 

Un llamado a la acción

La transformación de nuestros sistemas tributarios es esencial para lograr un futuro donde la igualdad de género sea una realidad. La campaña GDOA 2025 nos invita a levantar la voz y exigir reformas fiscales que inviertan en el cuidado y el bienestar social. 

Desde Latindadd y la RJFALC, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por la justicia fiscal y la igualdad de género. Exigimos un cambio real y transformador que habilite sistemas tributarios con valores de equidad y justicia, y que garantice que cada mujer y niña tenga la oportunidad de salir de la pobreza y alcanzar su máximo potencial. 

La igualdad de género en los sistemas tributarios y los servicios públicos es más que una demanda fiscal: es una cuestión de derechos humanos y de justicia social.