La décima campaña anual de los Días de Acción Mundiales por la Justicia Fiscal para los Derechos de las Mujeres se celebrará del 2 al 8 de marzo de 2026.

Por: Maureen Mburu, GATJ Coordinadora de Campañas de Impuestos y Género y Coordinadora de África

Este año se celebra el décimo aniversario de los Días de Acción Mundiales por la Justicia Fiscal para los Derechos de las Mujeres (GDOA por sus siglas en inglés). Durante una década, los movimientos feministas y de justicia fiscal se han unido para lograr que los impuestos beneficien a las mujeres. La campaña de 2026 se celebra junto a otro momento histórico:las negociaciones para la nuevaConvención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional (la Convención Fiscal de  la ONU) que están en plena marcha.

Del 2 al 8 de marzo de 2026, feministas, defensores de la justicia fiscal y sindicalistas se manifiestan bajo el lema «Justicia Fiscal por el Derecho Humano a los Cuidados», exigiendo reformas fiscales a nivel nacional e internacional que garanticen que los Estados puedan respectar, protejer y realizar el derecho humano a los cuidados mediante la financiación adecuada de servicios públicos de calidad que promuevan la igualdad de género y reduzcan la carga del trabajo de cuidados no remunerado para las mujeres y las niñas.

¿Qué es el cuidado?

El cuidado es la base de nuestras vidas y nuestras economías;todas las personas lo necesitan en algún momento de su vida. El trabajo de cuidados, ya sea remunerado o no, abarca las labores relacionadas con el cuidado infantil, el cuidado de personas mayores, la atención médica y las funciones de apoyo social, desempeñadas predominantemente por mujeres. La existencia humana, y el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, dependen del cuidado, que en su mayoría es proporcionado por el trabajo no remunerado de las mujeres. Según la OIT, las mujeres dedican, en promedio, 3,2 veces más horas al trabajo de cuidados no remunerado que los hombres. Además, datos de la OIT indican que el trabajo de cuidados no remunerado representa aproximadamente el 9% del PIB mundial, o aproximadamente 11 billones de dólares estadounidenses, si se valora únicamente a niveles de salario mínimo.

Nuestras sociedades, comunidades y economías se construyen literalmente sobre las espaldas del trabajo no reconocido, infravalorado y no remunerado de las mujeres. La carga del trabajo de cuidados no remunerado es un factor clave de la desigualdad de género en todo el mundo, privando a las mujeres del tiempo, el espacio y las protecciones formales para desarrollar su propio proyecto de vida.

El cuidado como derecho humano

Todos los seres humanos tienen derecho a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado. El cuidado es una necesidad universal y una condición necesaria para el pleno disfrute de una vida digna. El derecho a los cuidados también está profundamente interrelacionado con otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad y la no discriminación, y el derecho al trabajo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el cuidado como un derecho humano autónomo en su Opinión Consultiva n.° 31/2025 y estableció las obligaciones del Estado en relación con este derecho, entre ellas:

• Abstenerse de violar el derecho a los cuidados
• Organizar el aparato estatal  de una manera que garantice legalmente el libre y pleno ejercicio del derecho a los cuidados
• Adoptar o suprimir las leyes necesarias para garantizar el derecho a los cuidados

Esto significa que los Estados deben adoptar medidas para el cumplimiento progresivo del derecho a los cuidados, incluyendo la provisión de los medios y recursos necesarios para su realización efectiva. Constituir el cuidado como un derecho humano requiere acciones que abarquen las cinco R: reconocer el valor del trabajo de cuidados, reducir la carga desigual de cuidados no remunerados de las mujeres mediante servicios e infraestructuras públicas de calidad, redistribuir las responsabilidades de cuidado de forma más justa en la sociedad y entre los géneros, y recompensar y representar a quienes trabajan en el cuidado con salarios, derechos y protecciones sociales dignos. Reconocer el cuidado como un derecho humano implica reivindicar su carácter público. Los sistemas de cuidados no pueden solucionarse mediante trabajo no remunerado ni soluciones de mercado; requieren una fuerte inversión pública y servicios públicos bien financiados.

¿Qué tienen que ver los impuestos con los cuidados?

Durante décadas, las normas fiscales internacionales han perpetuado las desigualdades estructurales al transferir fondos de los países del Sur Global a los centros financieros del Norte Global. Las corporaciones multinacionales y las personas adineradas se aprovechan del secretismo financiero y la transferencia de beneficios para pagar menos impuestos, o en algunos casos no pagarlos. Esto genera pérdidas de ingresos. Como resultado, los Estados carecen de ingresos suficientes para financiar servicios públicos básicos como la educación y la atención médica, fundamentales para el cumplimiento de los derechos humanos. Los gobiernos a menudo intentan compensar la falta de ingresos imponiendo impuestos regresivos, como los impuestos al consumo, que son fáciles de administrar, pero imponen una mayor carga a quienes menos pueden pagar, de forma desproporcionada a las mujeres. A medida que el Estado infrafinancia y recorta los servicios públicos debido a estas brechas de ingresos, las mujeres compensan la falta de recursos reemplazando estos servicios con su trabajo no remunerado.

¿Cómo hacer efectivo el derecho humano a los cuidados?

Para proporcionar sistemas de atención de calidad y cumplir con sus obligaciones en relación con el derecho humano a la atención, los Estados necesitan una gran cantidad de ingresos estables y constantes a largo plazo. Los ingresos fiscales son la fuente de ingresos más estable y la única vía solidaria para financiar bienes y servicios.

A nivel nacional, los Estados pueden establecer regímenes fiscales progresivos que garanticen que los contribuyentes paguen impuestos en función de su capacidad de pago y eviten imponer una carga fiscal desproporcionada a los más marginados. Los gobiernos nacionales pueden establecer sistemas de atención integrados que presten servicios públicos de calidad, adecuadamente financiados y diseñados para impactar a los más marginados.

Sin embargo, la cooperación fiscal internacional es necesaria para lograr avances. La actual arquitectura financiera internacional permite a las empresas multinacionales y a las personas con alto patrimonio evadir su responsabilidad de pagar la parte que les corresponde en impuestos. Y, mientras que los países de altos ingresos pierden más en términos absolutos, los países de bajos ingresos, principalmente en el Sur Global, pierden una proporción mucho mayor de sus ingresos fiscales. Las actuales normas tributarias globales niegan a los países del Sur Global sus derechos tributarios y los privan de los ingresos que tan desesperadamente necesitan para la inversión pública en infraestructura de cuidados. Los gobiernos deben garantizar que las negociaciones en torno al Convenio Fiscal de la ONU resulten en una convención sólida, que integre la igualdad de género en sus disposiciones, que sea capaz de reformar las normas tributarias globales para redistribuir los derechos tributarios y poner fin a las prácticas fiscales perjudiciales.

Guía para Enmarcar la Tributación Feminista, Volumen 3

Las Jornadas de Acción Global también incluirán el lanzamiento del esperado tercer volumen de la Guía para Enmarcar la Tributación Feminista. Esta edición describe cómo son los sistemas tributarios, las políticas de cuidados y su financiación en todo el mundo, presentando estudios de caso de Argentina, Ecuador, Paraguay, Filipinas y Senegal. Todos los países examinados sufren el peso de las limitaciones estructurales y la falta de financiación de los sistemas de cuidados debido a los sistemas políticos y económicos imperantes que priorizan la acumulación de capital sobre el bienestar humano.

Unidos para exigir un futuro fiscal feminista

Nuestros sistemas tributarios no son neutrales. Son profundamente políticas y reflejan los valores de la sociedad, y es evidente que el cuidado está infravalorado. Imaginamos un sistema tributario internacional que ya no extraiga valor del trabajo no remunerado o mal remunerado de las mujeres, sino que redistribuya los recursos y confirme el valor social de sustentar la vida, la dignidad y la igualdad.

Las negociaciones del Convenio Fiscal de la ONU se extenderán desde ahora hasta mediados de 2027 y representan una oportunidad única en el siglo para reformar las normas tributarias globales y financiar el futuro feminista que imaginamos. Al centrar el cuidado como un derecho humano, podemos garantizar que el Convenio legalmente vinculante no sea un mero ejercicio técnico, sino una decisión política para asegurar finalmente que los gobiernos valoren la vida, el trabajo y el futuro de todas las personas por igual.

La campaña de este año destaca una verdad simple: no hay igualdad de género sin sistemas públicos de cuidados sólidos, y no hay sistemas públicos de cuidados sólidos sin una tributación justa y progresiva. Del 2 al 8 de marzo de 2026, feministas, defensores de la justicia fiscal y sindicatos se unen para exigir a los gobiernos y legisladores:

1. Reconocer el cuidado como derecho humano y bien público
2. Asignar equitativamente los derechos tributarios para promover la justicia global y de género
3. Financiar los cuidados con fondos públicos mediante una fiscalidad progresiva y redistributiva
4. Gravar a los ricos y a las empresas multinacionales
5. Una convención fiscal feminista de las Naciones Unidas ya
6. Acabar con el secreto fiscal

¡Únete a la campaña y nos unimos para exigir justicia fiscal para el derecho humano a los cuidados!

• Participa en los eventos y consulta el programa completo aquí.
• Para recibir el kit de herramientas de la campaña, envía un correo electrónico a [email protected].