La brecha de género está apoyada por las leyes, políticas y finanzas públicas. Para superar las desigualdades, es necesario repensar un nuevo modelo de sociedad cuyo centro sean las personas y no el mercado
Por Ana Cevallos
El género, es decir la forma en que las sociedades conciben y valoran a las personas según su sexo, es un factor de desigualdad propio de sociedades patriarcales; pero no solo eso, también es propio de sistemas económicos centrados en el mercado y no en las personas. En consecuencia, las ideas, prácticas y valoraciones que anteponen lo «masculino» a lo «femenino» también impregnan la forma en que se organizan los ámbitos públicos (Estado, mercado y comunidad) y privados (hogares), a fin de hacerlos funcionales a la lógica del mercado.
Entonces, no es casual ni natural que mientras los hombres predominan en el mundo productivo remunerado y en las actividades de prestigio y reconocimiento, las mujeres predominemos en las actividades reproductivas y no remuneradas (los cuidados de la infancia, la población adulta mayor y las personas con discapacidades); en las invisibles e incluso en las que socialmente no gozan de prestigio (trabajo doméstico, por ejemplo). Esta desigualdad no es natural, sino que sistémica.
Como resultado de la desigualdad de género, el mercado es capaz de disponer de mano de obra sin preocuparse por quién cocina, quién limpia, quién compra, quién cuida; a pesar de que todo ello posibilita que las personas nos desarrollemos y, de alguna manera, pongamos a disposición nuestra fuerza productiva. Por otro lado, debido a la desigualdad de género, también tenemos Estados que logran ocultar su inefectividad o ausencia en la provisión de bienestar, pues las redes familiares, y concretamente las mujeres pobres, son quienes proveen el bienestar de la infancia, las personas adultas mayores o con algún tipo de dependencia funcional, por medio de trabajo no remunerado.
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Así se configura un sistema excluyente donde los cuidados son requeridos para el funcionamiento del sistema pero, a su vez, se excluye de éste a las mujeres. Los hombres en cambio tienen mayor probabilidad de incorporarse con relativa ventaja al ámbito público y a las actividades remuneradas. Así se explica la desigualdad en los ingresos, en la propiedad, en el empleo, en las pensiones, en el consumo, y en otras muchas variables económicas, sociales, políticas, culturales y fiscales; dicha desigualdad se acentúa según clase social, etnia, edad, ubicación geográfica, entre otros factores. Por esta razón, cuando se ignora el contexto de desigualdades sistémicas y estructurales; las leyes, las políticas y las finanzas públicas pueden actuar como reproductoras de las desigualdades.
Por ejemplo, en materia de impuestos indirectos, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en su estudio «¿Cómo afecta al bienestar de las personas un aumento en la tasa del IVA/ISV?» encontró que, una medida impositiva de dicha naturaleza, acentuaría las desigualdades entre mujeres y hombres a través de dos mecanismos: uno directo y otro indirecto.
El primero, al impactar en los hogares de jefatura femenina que registran una distribución de ingresos menos favorable con respecto a los hogares de jefatura masculina. El segundo, porque se genera un incremento en los precios que afectaría la disponibilidad de recursos en los hogares (sean de jefatura femenina o masculina), con lo cual sería necesario un reacomodo en el control de los mismos y en su distribución. En este marco, el trabajo no remunerado, que no es considerado en los análisis convencionales, adquiere relevancia debido a que posibilitaría producir en la esfera doméstica los bienes y servicios a los que no se logra acceder en el mercado.
De acuerdo a datos del estudio referido, un incremento de la tasa del Impuesto al Valor añadido (IVA) del 12 al 15% podría sumir en la pobreza a más de 40,340 hogares. En el caso de El Salvador, si la tasa del IVA se aumentara del 13 al 15%, el Instituto estimó que unos 23,725 hogares podrían caer en situación de pobreza. En Honduras, calculó que el incremento al Impuesto sobre Ventas (ISV) operado en 2014, que elevó la tasa aplicable a mercancías y servicios en general del 12 al 15%, pudo haber empobrecido a más de 15,330 hogares. Además, el estudio subraya que en términos relativos los hogares con jefatura femenina resultarían más afectados que los de jefatura masculina.
Adicionalmente, el Icefi señala como posible efecto del incremento de este impuesto, que los hogares, y concretamente las mujeres, especialmente quienes viven en condiciones de pobreza, podrían requerir aumentar sus horas de trabajo no remunerado viéndose urgidas de cosechar granos básicos y hortalizas para el autoconsumo; cocinar alimentos que previo al incremento se compraban preparados (tortillas, frijoles, arroz, etc.); cuidar en el hogar a personas enfermas en lugar de incurrir en costos de traslado al hospital; remendar (o hacer nuevos) en casa los uniformes escolares o el vestuario deteriorado, entre otros.
La dinámica resultante de un incremento del IVA/ISV también podría suponer una menor ingesta de alimentos per cápita, o bien un deterioro en la calidad nutricional de estos. Además, en el caso de los hogares más pobres, con niñas, niños y adolescentes o con personas en situación de dependencia, podría obligar a priorizar quién comerá, quién estudiará, quién trabajará y quién permanecerá en casa cuidando. O bien, podría repercutir en una jerarquización entre las principales necesidades: vivienda o alimentación; transporte o calzado; alimentación o vestuario, etcétera. En salud, podría implicar una disyuntiva entre atender los padecimientos de personas adultas mayores, o los cuidados de las mujeres embarazadas o de niños y niñas, o de personas con discapacidad.
Así planteado, un eventual incremento de la alícuota del IVA/ ISV permite constatar que la injusticia fiscal y la injusticia de género van de la mano y, por lo tanto, un incremento podría impactar, de forma negativa y por partida doble, el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En primera instancia, contrarrestando de forma directa la consecución de algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
- el 1 (fin de pobreza);
- el 5 (igualdad de género)
- y el 10 (reducción de las desigualdades).
En segunda instancia, afectando el logro de otros ODS que se relacionan con canastas de consumo que registran una mayor sensibilidad ante una medida de esta naturaleza:
- objetivos 2 (hambre cero)
- y 11 (ciudades y comunidades sostenibles)
Ante este panorama, el Día Internacional de la Mujer resulta propicio para renovar los esfuerzos políticos que permitan a las sociedades superar las desigualdades contenidas en las leyes, las políticas y las finanzas públicas. Para ello es necesario repensar un nuevo modelo de sociedad cuyo centro sean las personas y no el mercado. Esto se trata de un asunto de justicia, pero también de desarrollo, democracia y reparto equitativo de los recursos.
Ana Cevallos es economista investigadora del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Especializada en temas de finanzas públicas e igualdad de género, es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y doctora por la Universidad Complutense de Madrid.
Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo.
