La Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC) y la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ) presentaron una nueva cartilla de Preguntas Frecuentes sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, un proceso histórico que busca reescribir las reglas del sistema tributario global bajo el principio de “un país, un voto” en el ámbito de la ONU.
El documento, elaborado colectivamente con aportes de organizaciones aliadas de África, Asia, Europa y América, ofrece explicaciones claras y sistematizadas sobre qué es la Convención Fiscal de la ONU, por qué surge, cuáles son los problemas que intenta resolver y qué implicancias tiene para los países del Sur Global. La cartilla está dirigida a organizaciones sociales, sindicatos, centros de investigación, movimientos juveniles y feministas, así como a activistas y tomadores de decisiones que trabajan por la justicia fiscal, social, climática y de género.
La Convención Fiscal de la ONU es el primer intento verdaderamente universal de establecer reglas tributarias internacionales en un espacio donde todos los países participan en pie de igualdad, rompiendo con décadas de decisiones concentradas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde los países del Sur Global han tenido una representación limitada. El documento explica que esta Convención busca avanzar hacia un sistema fiscal internacional inclusivo, justo, transparente y sostenible, capaz de enfrentar la evasión y la elusión fiscal de grandes corporaciones y personas de altos patrimonios, así como los flujos financieros ilícitos que drenan recursos esenciales para el desarrollo.
La cartilla detalla el contexto de crisis del sistema tributario vigente, caracterizado por reglas diseñadas para beneficiar a unos pocos, que no se adaptan a la economía digital y que permiten que el 10 % más rico de la población mundial concentre el 76 % de la riqueza, mientras la mitad más pobre apenas accede al 2 %. En América Latina y el Caribe, se estima que los países pierden alrededor del 6,3 % del PIB por abusos fiscales y un 4 % adicional por privilegios tributarios ineficaces, el equivalente a lo que la región invierte en salud y educación públicas.
La publicación también explica de manera pedagógica el proceso de negociación que se sigue en Naciones Unidas desde 2022, impulsado por el Grupo Africano y respaldado por el G77+China. La cartilla describe las resoluciones clave aprobadas por la Asamblea General, la creación del Comité Intergubernamental de Negociación, el calendario de sesiones hasta 2027 y la elaboración paralela de dos protocolos tempranos sobre tributación de la economía digital y resolución de disputas fiscales.
Uno de los ejes centrales del documento es el énfasis en la relevancia de la Convención para el Sur Global. La cartilla explica que los países en desarrollo son quienes más pierden con el sistema actual: sufren la fuga de bases tributarias, la presión de los paraísos fiscales, la imposición de programas de austeridad y una arquitectura financiera internacional que limita su capacidad para financiar servicios públicos, políticas de igualdad de género, transición energética y acción climática. La Convención busca corregir la asignación injusta de los derechos de imposición, hoy sesgada hacia los países donde se ubican las sedes de las multinacionales, y no hacia los países donde se generan efectivamente las riquezas.
Finalmente, la cartilla invita a organizaciones y movimientos sociales a apropiarse de este debate, contribuyendo con preguntas, observaciones y propuestas para enriquecer un documento concebido como herramienta viva, abierta y en permanente actualización a lo largo del proceso de negociación hasta 2027. Las redes de justicia fiscal llaman a fortalecer una vigilancia ciudadana articulada a nivel regional y global para que la Convención Fiscal de la ONU se convierta en un verdadero hito hacia una gobernanza económica más democrática y al servicio de las mayorías.