El Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, conmemorado anualmente el 23 de junio, fue designado en 2003 para “celebrar el valor y la virtud del servicio público para la comunidad”. La conmemoración de este año se lleva a cabo en medio de una crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, causada por la pandemia de COVID-19. La crisis ha dejado dos puntos más claros que nunca: “el valor y la virtud” de los servicios públicos han estado amenazados durante mucho tiempo y su negligencia tiene consecuencias catastróficas para la humanidad, especialmente para los más vulnerables y pobres. La justicia fiscal es vital para poder garantizar servicios públicos esenciales adecuados para todos.

En una entrevista reciente, el Papa Francisco reiteró el comentario de un periodista al afirmar: “Se ha hecho evidente que aquellos que no pagan sus impuestos no solo están cometiendo un delito, sino también un asesinato: si no hay camas hospitalarias o respiradores suficientes, en parte ellos también son culpables”.

Ninguna nación estaba preparada para responder adecuadamente a la crisis emergente. No obstante, esto no fue fatalidad: la falta de preparación es el resultado de las decisiones políticas tomadas por los gobiernos. En lugar de reducir la evasión de impuestos por parte de las multinacionales y de los ricos para aumentar los ingresos públicos y proporcionar los recursos adecuados, optaron por introducir medidas de austeridad, reduciendo drásticamente el gasto público. Estas medidas enriquecieron más a los ricos, empobrecieron más a los pobres y arruinaron la provisión de servicios esenciales.

La austeridad facilitó la propagación de la pandemia en el mundo

La lección más clara de la devastación causada por la pandemia hasta ahora es que las políticas y los programas de austeridad cultivaron un terreno fértil para el rápido brote de la COVID-19 en todo el mundo. A medida que la pandemia llegó a todos los países, era evidente desde el principio que se estaba desarrollando una tragedia sin precedentes: con pocos recursos y personal, los sistemas de salud pública están abrumados. No están en condiciones de hacer frente a una crisis de esta magnitud. Los bloqueos y otras medidas introducidas en todos los países en la consiguiente emergencia de salud pública agravaron la crisis social y económica, afectando a los pobres y vulnerables de manera más drástica.

La falta de justicia fiscal es un eslabón fundamental en la cadena de razones de la falta de preparación. Permitió a la pandemia llevar a países (ricos y pobres) al borde del colapso. Un sistema tributario justo y equitativo debería ser un componente esencial para “reconstruir mejor”. Solo en un país donde prevalece la justicia fiscal una sociedad puede tener los recursos para hacer frente a esta crisis y estar mejor preparada para evitar las futuras. 

Todo el mundo exige justicia fiscal  

La brecha salarial sigue siendo la más alta en la región de América Latina. En abril, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe instó a todos los gobiernos de la región a “repensar seriamente sus sistemas tributarios con el objetivo de revisar los mecanismos de recaudación y transparencia, para permitir un mayor flujo de recursos de los que tienen más, hacia los que más necesitan.”

Tax Justice Network Africa ve en la crisis una oportunidad para revisar toda la política de desarrollo y la trayectoria del continente: “La pandemia de COVID-19 ha creado una oportunidad para abordar algunos de los principios subyacentes de la teoría económica neoliberal y exigir reformas estructurales y sistémicas para la justicia redistributiva, incluidas reformas tributarias progresivas, y donde las élites y las multinacionales pagan su parte de los impuestos. Se trata de crear una oportunidad para reexaminar las prioridades de política fiscal y económica del continente y crear alternativas al modelo económico actual que sean adecuadas para su propósito y revitalizar el papel del Estado.”

En Asia, Tax and Fiscal Justice Asia afirma que los impactos de la pandemia de la COVID-19 “podrían haberse mitigado, o al menos, resistido con mucho menos tormento y sufrimiento, si nuestros gobiernos hubieran valorado más los intereses de las personas que la codicia y las ganancias privadas. Miles de millones de ingresos perdidos en exenciones impositivas generosamente otorgadas por los gobiernos a las grandes corporaciones y sus propietarios podrían haberse utilizado para fortalecer la prestación de servicios públicos esenciales para garantizar nuestros derechos a la salud, el acceso al agua y al saneamiento, una vivienda digna y el transporte público, entre otros.”

Necesitamos justicia fiscal para financiar adecuadamente los servicios públicos

La falta de servicios públicos sólidos y con recursos, junto con la provisión altamente privatizada de servicios esenciales, significa que las personas de bajos ingresos no tienen condiciones para satisfacer sus necesidades humanas más básicas, como acceso a instalaciones adecuadas de agua y saneamiento, vivienda digna, servicios de salud, incluida la salud reproductiva, y el transporte público. En muchos países, los medicamentos y la atención médica, el agua y la electricidad están cubiertos por el IVA, un impuesto regresivo que injustamente afecta más a los pobres y trabajadores de bajos ingresos. 

Dentre ellos, un gran número son mujeres que tienen empleos mal remunerados e inseguros y medios de vida precarios. Como las mujeres gastan proporcionalmente más en las necesidades del hogar, soportan desproporcionadamente la carga del IVA. Por defecto, debido a las discriminaciones de género existentes desde hace mucho tiempo, perpetuadas por el patriarcado profundamente arraigado, ellas también dedican más horas al cuidado no remunerado para mantener sus necesidades básicas, profundizando cada vez más su falta de ingresos y tiempo.    

Honrando a los trabajadores de salud pública 

Las mujeres también forman en gran medida los niveles de base de los sectores de salud pública en muchos países en desarrollo. Los salarios estancados sugieren tanto la discriminación de género hacia el trabajo de cuidado no remunerado como la subfinanciación de la salud pública, ya que los estados citan la falta de fondos para racionalizar más inversiones privadas en la prestación de servicios. En India y Pakistán, por ejemplo, un estudio realizado por la Internacional de Servicios Públicos muestra que muchos trabajadores de salud comunitarios prestan servicios para el sistema público de salud pero no reciben salarios ni beneficios de seguridad social. El gasto público promedio en salud en Asia del Sur fue menos que el 1% del PIB en 2017, según la OMS. En Filipinas, las enfermeras registradas reciben salarios que van desde solo US $ 158.54 a US $ 267.54 por mes. Como en Asia del Sur, los gastos de bolsillo siguen siendo predominantes en el Sudeste Asiático, lo que significa que, en varios países de la región, el disfrute del derecho básico a la salud — y, por extensión, el derecho a la vida — depende de la capacidad de pago de la persona.

Lo mismo es cierto en África. Actualmente, los trabajadores de salud comunitarios no son remunerados en muchos países del continente. En Kenia, por ejemplo, el Ministerio de Salud no los considera trabajadores formales. Según la African Medical and Research Foundation, los profesionales de salud comunitarios desempeñan un papel fundamental en salvar vidas, especialmente a nivel comunitario en áreas rurales y asentamientos informales donde las personas no tienen acceso al sistema formal de salud. Para los empleados del sector de la salud formal, protestar por mejores salarios y condiciones de trabajo se ha convertido en la regla.

El Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública sirve como una oportunidad para subrayar la necesidad de más recursos para combatir la escasez de fondos para los salarios de las enfermeras y los médicos que arriesgan sus vidas todos los días, así como para aumentar la provisión de instalaciones y equipos médicos adecuados y de calidad, especialmente en zonas rurales pobres y asentamientos informales en ciudades.

El camino a seguir

La crisis inducida por la COVID-19, que comenzó como una crisis de salud pública, ahora se está desarrollando como una crisis socioeconómica a escala mundial. Su impacto devastador es desproporcionado — afecta más a los que se encuentran en las intersecciones de la desigualdad, a los grupos pobres y vulnerables, y más a las naciones pobres que las ricas. Las medidas para responder a la crisis deberían considerar la naturaleza desproporcionada de los impactos. Sin embargo, las medidas tomadas hasta ahora por la mayoría de los gobiernos no son adecuadas para lograr esto. Por si fuera poco, los gobiernos corren el riesgo de agravar la desigualdad y la carga sobre los pobres y vulnerables si persisten en políticas que nos devuelvan al status quo anterior a la crisis: rescates para los ricos, continuación de las medidas de austeridad, tolerancia a la evasión fiscal, más facilitación de flujos financieros ilícitos, aumento de impuestos regresivos, reducción de impuestos para los ricos, dejando de gravar ganancias masivas. 

Los países en desarrollo son más afectados por las crisis. En un momento en que se necesitan más recursos públicos para fortalecer los servicios públicos que ya son débiles, los ingresos públicos y los de exportación han caído drásticamente. Los flujos financieros ilícitos (principalmente hacia el norte) están en aumento. Las políticas mal aconsejadas tienden a reducir el impuesto corporativo, supuestamente para estimular las actividades económicas. Las normas fiscales internacionales, que favorecen a los países ricos y privan a los países en desarrollo de sus derechos fiscales, permanecen intactas. Reformar el sistema tributario internacional para que funcione también para los países en desarrollo es más urgente que nunca. Se debe poner fin al bloqueo por parte de algunos países ricos de una negociación intergubernamental para reformar las normas tributarias internacionales bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Al conmemorar el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública de este año en el contexto de una crisis mundial sin precedentes, reforzamos nuestra determinación de combatir la evasión fiscal y nuestras demandas por un sistema tributario justo y equitativo, a nivel nacional y mundial, para equipar a la sociedad con servicios públicos de calidad. Por lo tanto, exigimos que nuestros gobiernos:

• Inviertan en servicios públicos de calidad, sensibles al género, la economía del cuidado público y protecciones sociales que son vitales para el cumplimiento de los derechos humanos de todas las mujeres y poner fin a la desigualdad de género.
• Hagan que las multinacionales y los individuos ricos paguen su parte justa de los impuestos.
• Graven a quienes se benefician más de y en la crisis.
• Pidan un proceso intergubernamental en la ONU, para negociar la reforma de las normas fiscales internacionales, para una distribución equitativa de los derechos fiscales a nivel mundial.

Dereje Alemayehu, Global Alliance for Tax Justice
Mae Buenaventura, Tax and fiscal Justice Asia
Antonio Gambini, Centre national de coopération au développement 11.11.11
Luis Moreno, Latindadd & chair of the Global Alliance for Tax Justice
Alvin Mosioma, Tax Justice Network Africa
Jane Nalunga, Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute
Adrián Falco, Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe
Jorge Coronado, Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe