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Hoy, la European Network on Debt and Development (Eurodad) y la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ) lanzan una propuesta de la sociedad civil de una Convención Fiscal de las Naciones Unidas. 

El Grupo Africano (Africa Group) presentó por primera vez en las Naciones Unidas en 2019 un llamamiento para desarrollar una Convención Fiscal de la ONU. Al año siguiente, se incluyó en un «menú de opciones» elaborado en el marco de un proceso de la ONU para estudiar cómo podría responder la comunidad internacional a la crisis de Covid-19.

La propuesta lanzada hoy responde a estos llamamientos y a una serie de otras fuertes preocupaciones que se han planteado en relación con el actual sistema fiscal internacional. También integra varias ideas de reforma que han sido presentadas por gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, expertos internacionales y varios grupos de alto nivel de las Naciones Unidas, incluido el Panel de Alto Nivel sobre la Rendición de Cuentas, la Transparencia y la Integridad Financieras Internacionales para el logro de la Agenda 2030 (FACTI Panel).

«Los países de todo el mundo pierden cientos de miles de millones de dólares cada año debido a la evasión fiscal internacional a gran escala. Las reglas y normas fiscales mundiales parciales, arcaicas, incoherentes y muy complejas están en el centro de este problema. Al mismo tiempo, las normas existentes están fuertemente sesgadas a favor de los países más ricos, lo que refleja el hecho de que se han redactado en foros en los que los países en desarrollo no han podido participar en igualdad de condiciones», dijo Dereje Alemayehu, Coordinador Ejecutivo de la Alianza Global por la Justicia Fiscal.

La autora de la propuesta y Coordinadora de Tributación en Eurodad, Tove Maria Ryding, dijo: «Hoy lanzamos una propuesta de Convención Fiscal de la ONU que, por primera vez, crearía un marco verdaderamente global en el que todos los países podrían participar en igualdad de condiciones. Además, vincula la gobernanza fiscal internacional con otros compromisos y obligaciones mundiales clave, como los derechos humanos, la igualdad, la protección del medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las Naciones Unidas son el foro que lidera estas cuestiones y, al mismo tiempo, es el único organismo verdaderamente universal que existe. Eso hace que la ONU sea el mejor lugar para anclar una convención verdaderamente global sobre impuestos».

«Ya es hora de iniciar el debate sobre cómo podemos construir un marco global justo y eficaz para resolver los problemas e injusticias del sistema fiscal mundial, sobre todo a la luz de la crisis desencadenada por la pandemia del Covid-19. Los repetidos esfuerzos para acabar con la evasión fiscal internacional sólo han dado lugar a soluciones ineficazes, a complejidades adicionales y a normas que siguen favoreciendo a los ricos. Esperamos que la propuesta que lanzamos hoy ayude a iniciar un debate sobre las reformas fundamentales que realmente necesitamos», dijo Ryding. 

La propuesta se enmarca en un documento de debate, cuyo objetivo es suscitar nuevas conversaciones sobre cómo podría ser una convención de este tipo.

La Convención Fiscal propuesta podría:

• Crear un organismo fiscal mundial inclusivo. En forma de Conferencia de las Partes, la Convención crearía una estructura de gobernanza fiscal mundial en la que todos los países podrían participar en igualdad de condiciones. Esto es diferente a la situación actual, en la que las decisiones sobre las normas fiscales mundiales se toman en diferentes tipos de organismos en los que, especialmente los países en desarrollo, no pueden participar en igualdad de condiciones.
• Fortalecer la lucha mundial contra los flujos financieros ilícitos, incluida la evasión y elusión fiscal. La Convención combatiría los flujos financieros ilícitos aumentando la transparencia y la cooperación entre gobiernos, y creando reglas y normas fiscales mundiales más coherentes y menos complejas.
• Promover la equidad hacia los países en desarrollo. La Convención propuesta busca sustituir las normas y reglas fiscales existentes que están sesgadas a favor de los países más ricos y grandes. En su lugar, la propuesta tiene como objetivo introducir un sistema que incluya plenamente los intereses, preocupaciones y necesidades de los países en desarrollo.
• Crear fuertes vínculos con el desarrollo, los derechos humanos, la igualdad y la protección del medio ambiente. La Convención pretende promover sistemas fiscales progresivos y vincular la gobernanza fiscal mundial y otros compromisos y obligaciones gubernamentales, incluidos los relacionados con los derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la igualdad y la protección del medio ambiente.
• Crear coherencia global y reducir la complejidad. La Convención está diseñada para sustituir gradualmente la incoherente y muy compleja red de tratados y acuerdos fiscales bilaterales y multilaterales que conforman el actual sistema fiscal mundial. El objetivo sería introducir un marco global coherente, y así aumentar la eficacia del sistema fiscal mundial y eliminar las oportunidades de evasión fiscal internacional.
• Sustituir el fallido sistema de precios de transferencia. La Convención ordenaría un proceso de sustitución de las actuales normas sobre precios de transferencia por un nuevo sistema en el que las empresas multinacionales se basarían en sus beneficios globales consolidados, repartiéndose los derechos de imposición entre los gobiernos en base a una fórmula acordada en un sistema que se complementa con un tasa impositiva mínima efectiva para las empresas.
• Aumentar la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y la participación pública. La Convención garantizaría que la toma de decisiones internacionales en materia fiscal sea transparente y participativa y permita a los ciudadanos pedir cuentas a sus gobiernos. Esto es diferente a la situación actual, en la que las negociaciones fiscales intergubernamentales suelen ser muy secretas y las posibilidades de participación pública son muy limitadas.
• Garantizar un alto nivel de transparencia, incorporando al mismo tiempo los intereses, preocupaciones y necesidades de los países en desarrollo. La Convención incluye el «ABC de la transparencia fiscal», es decir, el intercambio automático de información, la transparencia de la propiedad beneficiaria y la información pública país por país. Si bien hoy en día algunos de estos sistemas existen de alguna forma, la Convención garantizaría un sistema global coherente diseñado para funcionar para todos los países, incluidos los en desarrollo.
• Introducir un marco con un gradual avanzo hacia acuerdos intergubernamentales más detallados. Se trataría de un Convención marco que introduciría las estructuras básicas, los compromisos y los acuerdos, y que permitiría desarrollar elementos más detallados con el tiempo.
• La Convención no obligaría a los países a aceptar mecanismos controvertidos de resolución de conflictos. La Convención no obligaría a los países a comprometerse con mecanismos controvertidos, como el arbitraje vinculante. En su lugar, la Convención se centraría en la prevención de conflictos, lo que reduciría la necesidad de resolverlos. Los nuevos mecanismos de resolución de disputas también podrían negociarse en el marco de la Convención con el tiempo, a través de los procesos de toma de decisiones inclusivos y transparentes previstos en la Convención.
   

Contacto de la prensa: Lays Ushirobira – [email protected] / +34 685 200 591