La publicación original aquí por RJFALC

En los últimos meses, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina las principales medidas aplicadas por este en política económica parecen apuntar hacia un único objetivo: hacer de este país un territorio en el que los millonarios, las transnacionales y las élites económicas no tengan que pagar impuestos o que, si lo hacen, sean en montos mínimos, aún muy por debajo del volumen que tributan la población de menores ingresos y las empresas medianas.

Y la medida más reciente sólo parece confirmar esto, pues la última jugada de Milei en su plan de reducción y eliminación del estado ha ordenado el cierre de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), creada en 1996, para dar paso a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aunque el discurso del gobernante argentino siempre ofrecía reducir los impuestos, el nuevo organismo seguirá realizando todas las funciones del anterior, es decir, cobrando impuestos, pero con 3000 empleados menos.

Para la economista Eva Sacco, directora del Programa de Justicia Distributiva y Fiscal de la Fundación SES, organización miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el caribe, este tipo de medidas podrían traer a la Argentina una serie de impactos negativos relacionados a la capacidad recaudatoria del nuevo ARCA.

“La medida más relevante anunciada hasta la fecha es una reducción muy significativa del personal que dejará sin trabajo a entre 3000 a 3200 agentes. Lo otro es la reducción salarial de los empleados del organismo. Y esto puede originar problemas a la Argentina en plano tributario porque la disminución del personal técnico y operativo afectará la capacidad de control y fiscalización, especialmente sobre los grandes contribuyentes, sectores con una alta posibilidad de aplicar mecanismos que les permitan evadir el pago de impuestos”.

Sacco también advierte que con menos personal capacitado para perseguir la evasión y elusión fiscal, es mucho más probable que aumenten estas prácticas, lo que al final disminuirá la recaudación global. “Estamos ante agentes que se van a quedar sin empleo, son profesionales con un conocimiento muy específico del funcionamiento impositivo y pueden ser fácilmente absorbidos por los mismos estudios contables y de abogados que se dedican a la planificación fiscal y la arquitectura financiera para los grandes patrimonios”.

Una consecuencia de la reducción de la capacidad recaudatoria podría provocar que el gobierno de Milei incremente la presión tributaria, esto dependerá de la forma en que se implemente el cambio y la capacidad real que tendrá la nueva institución. “La reducción de personal y la pérdida de experiencia podrían disminuir la capacidad de recaudación efectiva, en especial en áreas que requieren un alto grado de especialización. Si la recaudación cae, esto podría hacer que el gobierno aumente la presión efectiva sobre los sectores de ingresos medios y bajos, que tienen menos recursos para evadir impuestos, como una forma de compensar la menor capacidad recaudatoria”, advirtió Sacco.

Lo que Milei no quiere enfrentar

Aunque más allá del discurso político y el show de la motosierra, lo que Milei no pareciera realmente encarar es la real problemática tributaria que enfrenta Argentina, la evasión y elusión fiscal de las grandes empresas y de las élites económicas. Otro problema notable es la estructura impositiva regresiva que acaba produciendo una alta dependencia a los impuestos al consumo, que recaen principalmente sobre la población de ingresos medios y bajos y que tienen un impacto especial sobre las mujeres de los sectores de menores ingresos.

Al respecto, la economista Sacco también precisó que la problemática principal para Argentina en materia tributaria es la baja fiscalización a los grandes contribuyentes. “Solo el 3 % del personal está dedicado a grandes contribuyentes, que al final representan el 49 % de la recaudación total. Ahora esto se hará con mucho menos personal. El otro gran problema es la alta evasión y elusión fiscal que se dan por una falta de control efectivo”.

El paraíso ofrecido

La idea que promueve el gobierno de Milei es que la liberalización de la economía atraerá capitales e inversiones, lo que indirectamente (en caso de funcionar) tendería a mejorar la situación económica. Sin embargo, en realidad son contradictorias, ya que reducen la carga fiscal en sectores de alta capacidad contributiva.

“Entre las medidas que tienen un impacto negativo sobre la situación fiscal está el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), pues ofrece exenciones fiscales que podrían reducir significativamente los ingresos fiscales del Estado, especialmente si no se cumplen completamente los objetivos de inversión y exportación. Y esto se puede dar en todo el territorio, pues las capacidades tributarias y regulatorias de las provincias podrían también verse afectadas, pues el RIGI excluye unilateralmente tributos existentes en las provincias para las empresas que adhieran al régimen”, advirtió Sacco.

La economista de Fundación SES también aclaró que ya se han dado voces de alerta por este tipo de medidas, recordando lo que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) advirtió sobre el RIGI, indicando que este registro convertirá a Argentina en un paraíso fiscal sectorial. De acuerdo a una de las publicaciones de este organismo intergubernamental: “El mencionado Registro es una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad… Las fallas de seguridad de la Ley son ostensibles, transformándola en funcional al blanqueo o lavado de capitales, lo que significará transformar a la Argentina en una plaza complaciente para la operación de organizaciones criminales de funcionamiento y objeto multidimensional».