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Artículo de Latindadd

Gerenciar una “inteligencia” global que habilite la recolección y el intercambio de información sobre lo que ocurre en torno a la creación de una convención fiscal en el seno de Naciones Unidas facilitaría que la sociedad civil, instituciones y organizaciones que trabajen en temas de fiscalidad global accedan a información relevante que les permita negociar y debatir con un panorama global claro.

Ese fue el foco del conversatorio organizado por la Red por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC) y que contó con la exposición de Tove Maria Ryding, quien lidera el trabajo de tributación y transparencia en Eurodad, quien precisó que dicha “inteligencia” puede generar avances más estratégicos en la discusión en torno a la convención ya que, hasta ahora, el proceso ha resultado de un cúmulo de sorpresas: el liderazgo asumido por el frente de países africanos; la levedad de la oposición de la OCDE; la ambivalencia de la postura de algunos países latinoamericanos en la toma de decisiones (como Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú y Argentina), entre otros.

Durante esta jornada de actualización y revisión del proceso, realizada el pasado 24 de mayo, la representante de Eurodad enfatizó en la crucialidad de entender y proponer cómo debería funcionar la toma de decisiones y la veeduría en dicho espacio. Se espera que estas definiciones se enmarquen en el informe que está elaborando la Secretaría General de la ONU y que deberá someterse a votación en octubre o noviembre de 2023

“Es vital que tengamos claro cómo está funcionando actualmente el sistema y cómo lo queremos mejorar. De otro modo podríamos perder esta oportunidad de cerrar las brechas existentes en lo que a las reglas de juego de la fiscalidad internacional respecta.”, precisó Ryding.

Contexto regional

Para Latindadd y la RJFALC el proceso para la creación de un espacio de fiscalidad en el seno de ONU es un objetivo prioritario para la consecución de justicia fiscal. “En un contexto de crisis económica, social y ambiental, donde las inequidades han aumentado, es indispensable que los países puedan combatir el abuso fiscal en igualdad de condiciones. Los países en desarrollo deben ser parte de la concepción de la política tributaria internacional, la principal herramienta para posibilitar su desarrollo y afrontar las diversas demandas que los aquejan”, señaló Luis Moreno, coordinador del área de Justicia Fiscal en Latindadd.

“Las reglas fiscales internacionales no solo están sesgadas para favorecer los intereses de los países de la OCDE y del Norte global, sino que también son desorganizadas e ineficientes. Por eso, incluso los países relativamente más favorecidos pueden obtener algo positivo si del proceso surge un sistema global más robusto”, añadió Ryding.

Como organizaciones sociales, creemos que es imprescindible seguir de cerca estas agendas y compartir la información que tenemos al respecto con nuestros miembros y aliados. Esto, con el objetivo de que se propongan y lideren estrategias locales (con los ministerios de Economía, Finanzas, hacienda o Relaciones Exteriores de cada país) y regionales (como la Cumbre Fiscal de Cartagena a realizarse en julio de este año), precisó Adrian Falco, coordinador de la RJFALC.

El proceso global hacia la consolidación de un convenio fiscal en el seno de la ONU busca un cambio en la gobernanza y el diseño de las políticas fiscales internacionales, que actualmente privilegian a los países industrializados y a las empresas transnacionales. En noviembre de 2022, el proceso dio un paso agigantado cuando el Comité Económico y Financiero de la Asamblea General de la ONU aprobó el proyecto de resolución que puede hacer tangible este sueño, si la votación de la Asamblea General en diciembre de este año así lo decide. Entonces, este proceso de “espera” se torna crucial para la sociedad civil, ya que las negociaciones sobre el contenido de dicha convención están en marcha.