Publicado originalmente aquí.
Klelia Guerrero García, especialista de Justicia Fiscal y Género del área de Justicia Fiscal en la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática – Latindadd.
Del 3 al 5 de julio de 2025, Latindadd participó en la Conferencia Anual de la International Association for Feminist Economics (IAFFE) en la Universidad de Massachusetts, Amherst, como parte del panel Vías fiscales hacia sistemas de cuidados con equidad de género en el Sur Global, organizado conjuntamente con la Coalition por la Transparencia Financiera (FTC) y otras organizaciones aliadas de Asia, África y América Latina.
En este espacio compartimos una perspectiva regional desde una pregunta provocadora: ¿qué ocurre cuando el Estado reconoce el derecho al cuidado, pero no lo financia? A partir de un análisis comparativo entre seis países —Argentina, México, Ecuador, Brasil, Honduras y Guatemala— evidenciamos que el reconocimiento jurídico no garantiza redistribución real, y que sin justicia fiscal, los sistemas de cuidado seguirán siendo precarios e insuficientes.
Lecciones desde América Latina: reconocimiento sin redistribución
En Ecuador, expusimos el caso de la Ley Orgánica de Cuidados de 2023, que declara el cuidado como un derecho universal, irrenunciable e intransferible. La ley plantea un sistema integral que articula salud, educación, trabajo e inclusión. Sin embargo, no cuenta aún con presupuesto, reglamento ni institucionalidad funcional, en un contexto donde el país depende en un 40% del IVA y ha enfrentado varios momentos con un clima político particularmente inestable.
En México, se estima que para 2024 los hogares generaron silenciosamente el 24% del PIB a través de su trabajo no remunerado. Aunque el cuidado fue incorporado en la Constitución en 2020, no existe una partida presupuestaria específica ni un sistema plenamente financiado. Por el contrario, se han restringido muchas iniciativas locales (a nivel de municipios), con lo que la desigualdad y la concentración de la riqueza se profundizan.
En Argentina, el proyecto de ley Cuidar en Igualdad quedó estancado tras el cambio de gobierno, y el presupuesto 2024 eliminó el etiquetado de inversiones para infraestructura de cuidados. Asimismo, aunque en el contexto de la pandemia se aplicó un impuesto extraordinario a las grandes fortunas con fines sociales, su recaudación apenas representó el 0,5% del PIB y fue desmantelado políticamente al definir la medida como temporal y no como permanente.
En contraste, Brasil avanzó en 2024 con una política nacional de cuidados desarrollada de forma participativa. Se enmarca en una regla fiscal sostenible que busca reducir el déficit sin recortar el gasto social. Sin embargo, las contradicciones persisten: de lso 24 millones de personas que trabajaban en el sector del cuidado, el 75,3 % son mujeres, porcentaje que se eleva al 98 % en los roles más íntimos y habituales de cuidado, como el trabajo doméstico. Este patrón de feminización y racialización, no solo refleja profundas desigualdades estructurales, sino que constituyó una de las principales barreras de acceso al trabajo formal y decente para las mujeres, perpetuando su exclusión del mercado laboral pleno..
En Guatemala, existe un marco normativo que reconoce diversos derechos vinculados al cuidado, pero estos derechos carecen de mecanismos efectivos de implementación y financiamiento sostenido. Esto en un contexto en el que las mujeres dedican cinco veces más horas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres, mientras la presión tributaria es persistentemente baja y regresiva. Asimismo, hay incoherencias respecto de la importancia del cuidado cuando se revisan las garantías laborales reducidas a las que están legalmente sometidas las trabajadoras domésticas en el país.
Finalmente, Honduras cuenta con políticas que hacen mención al cuidado, pero no existe institucionalidad específica que garantice el acceso universal y equitativo a servicios de cuidado. Incluso el trabajo doméstico remunerado sigue siendo altamente informal y precario, con acceso a seguridad social bajo un esquema voluntario muy poco usado. En paralelo, la Ley de Justicia Tributaria —que podría corregir exenciones regresivas y ampliar el espacio fiscal para derechos sociales— permanece bloqueada políticamente.
Cuidar también es financiar
Una de las ideas más poderosas del panel fue que el alcance de una política de cuidados no depende solo del diseño, sino del entorno fiscal y político que la sostiene. Algunas iniciativas presentadas mencionaron que las políticas de cuidado pueden requerir entre el 0,5% y el 15% del PIB, dependiendo de su ambición y cobertura. Pero ¿cómo abrir espacio fiscal en contextos de austeridad, deuda y bases tributarias regresivas?
Además, se advirtió que la inversión en cuidado no solo enfrenta restricciones presupuestarias, sino también un desfase temporal entre los costos iniciales y los retornos sociales y económicos, como el aumento del empleo femenino. Para esto se propuso recuperar la narrativa del retorno fiscal del cuidado, mostrando cómo el acceso a cuidado infantil puede multiplicar la participación laboral de mujeres, aumentar ingresos y dinamizar economías locales. Pero esta lógica choca con el paradigma dominante de la austeridad y la financiarización, donde los retornos van al sector financiero, no a las comunidades cuidadoras, profundizando la inequidad y privatizando un derecho fundamental.
Feminismo fiscal: entre la estrategia y la incomodidad
El panel cerró con una reflexión íntima y política: ¿cómo nos posicionamos frente a estos desafíos? Desde Latindadd, creemos que la justicia fiscal es una condición estructural para garantizar sistemas de cuidado sostenibles, universales y transformadores. Para que el derecho al cuidado no sea letra muerta, hay que financiarlo con ingresos progresivos, oportunos y suficientes, distribuyendo los costos entre el Estado, el sector privado y quienes históricamente han sostenido el cuidado con su tiempo y sus cuerpos. En este camino, es imprescindible seguir fortaleciendo la participación de expertas y expertos de la región en este tipo de espacios que estrechan los vínculos entre la academia y la sociedad civil, creando puentes entre datos y demandas, entre saberes y resistencias.