Por Luis Moreno*

Este texto fue originalmente publicado en portugués por Aupa. 

El 9 de julio, el G20 endosó la propuesta de un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales. La propuesta fue lanzada a principios de junio por los Ministros de Economía de los países del G7 y ya ha sido firmada por 132 de los 139 miembros del Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tiene como objetivo combatir la evasión fiscal por parte de corporaciones multinacionales.

Aunque el acuerdo fue celebrado como “histórico”, lo cierto es que una tasa tan baja solo perpetúa la historia habitual: una gran desigualdad en la distribución de las ganancias, beneficiando solo a los países desarrollados. Es un acuerdo de los países del Norte a los países del Norte.

Según estimaciones de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) y la Tax Justice Network (TJN), se generarían 275 mil millones de dólares adicionales cada año. Suena bien, pero el diablo está en los detalles. De esta cantidad, el G7 y otros países desarrollados tendrían un total del 60% de los ingresos, mientras que el resto de naciones (alrededor de 120) tendrían que distribuir el 40% restante, del cual entre el 10% y el 15% se destinaría a países en desarrollo. América Latina se quedaría con tan solo el 3% de este monto.

Así, Estados Unidos, por ejemplo, recibiría unos 83 mil millones de dólares, mientras que Perú recibiría apenas 471 millones de dólares. Es decir, el gobierno de la Casa Blanca recibiría 176 veces más recursos financieros que la nación sudamericana. Con el impuesto del 15%, se estima que Brasil recuperaría alrededor de 3 mil millones de dólares.

Además, la propuesta prevé que el impuesto se aplicaría a las empresas con ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros. En la práctica, son pocas las empresas que presentan este ingreso: las grandes corporaciones como Apple, por ejemplo, aprovechan algunos mecanismos para distribuir sus beneficios para que los ingresos declarados no alcancen el mínimo establecido.

La propuesta también dice que se debe gravar donde se genera el consumo, no donde están las operaciones. En otras palabras, esto significa que la recaudación tributaria del impuesto mínimo global iría a los países anfitriones, es decir, donde están ubicadas las sedes corporativas, y no a los países donde realmente operan, que suelen ser países en desarrollo.

Es importante señalar que la tasa del 15% es mucho más baja que el promedio global de impuestos sobre la renta de las empresas (que está por encima del 25%) y está más cerca del 12,5% propuesto por las jurisdicciones con impuestos bajos o nulos. Inicialmente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había propuesto una tasa del 21% para el impuesto mínimo global, pero en el transcurso de las negociaciones – que se llevaron a cabo a puerta cerrada en la OCDE – esta tasa solo ha disminuido y tiende a estimular una carrera para reducirla más.

Finalmente, las reglas fiscales globales continúan siendo establecidas por un grupo de países ricos, que irónicamente son los que más hacen posible el abuso fiscal corporativo. Según el Corporate Tax Haven Index 2021, los países de la OCDE y sus dependencias (como Jersey, dependencia de la Corona británica, y Aruba, de los Países Bajos) son responsables del 68% de los riesgos de abuso fiscal corporativo en todo el mundo. Si bien la OCDE ha intentado incluir al Sur global en las negociaciones a través de su Marco Inclusivo, países como Brasil no tienen derecho a voto y por lo tanto no participan en las decisiones.

En un momento en el que más se necesitan recursos financieros para combatir la crisis socioeconómica desencadenada por el COVID-19, propuestas de este tipo socavan los esfuerzos de los países de menores ingresos para generar recursos adicionales. Como dijo Dereje Alemayehu, coordinador ejecutivo de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), “una solución acordada en un proceso informal, opaco y sin la participación de representantes significativos no puede tener legitimidad para ser un acuerdo internacional vinculante”.

Argentina defendió públicamente que el impuesto mínimo global debería ser superior al 15% y no inferior al 21%, aunque finalmente endosó la declaración del Marco Inclusivo. Otros países, como Nigeria y Kenia, expresaron su total desacuerdo con la medida, ya que las tasas de impuestos corporativos en muchos países en desarrollo oscilan entre el 25% y el 35%. Por lo tanto, una tasa del 15% no reduciría significativamente la transferencia de ganancias a ubicaciones con tarifas más bajas.

Además de elevar la tasa al menos al 21% e idealmente al 25% y garantizar los derechos fiscales de todos los países, como defiende el movimiento global por la justicia fiscal, necesitamos reformas fiscales más ambiciosas y transformadoras para un acuerdo equilibrado que responda plenamente a la preocupaciones e intereses de los países en desarrollo.

La reforma de la arquitectura fiscal y financiera mundial debe tener lugar en un espacio donde todos los países puedan participar en la toma de decisiones. Y Naciones Unidas es el único espacio donde este proceso podría ser verdaderamente inclusivo, democrático, justo y transparente.

* Luis Moreno es presidente del comité de coordinación de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ). Es también miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC), red regional de GATJ, y coordinador del área de justicia fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).
 

Más recursos sobre el impuesto mínimo global:

1- Latindadd: «Impuesto mínimo global: acuerdo solo beneficiará a países más desarrollados»
2- RJFALC: «Declaración de movimiento de justicia fiscal de América Latina y el Caribe»