Publicado originalmente aquí.
Jorge Coronado, sociólogo y politólogo miembro del Consejo de Coordinación de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
Jorge Coronado*
La Cuarta Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo (FFD4), celebrada en Sevilla, España, entre el 30 de junio y el 3 de julio, se llevó a cabo en un contexto geopolítico global profundamente convulsionado. Mientras el sistema multilateral intenta reconfigurarse, el mundo asiste a una guerra genocida en Gaza, ejecutada por el sionismo israelí con complicidad de las potencias occidentales. En paralelo, crecen las amenazas de una confrontación nuclear y se expande el avance de la extrema derecha, el supremacismo blanco y las corrientes neo fascistas tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina.
En medio de este sombrío panorama, el “Compromiso de Sevilla” aprobado como resolución final del FFD4, puede ser definido, al menos en la parte fiscal, como un documento de tendencia progresista, en un mundo que lamentablemente se mueve en dirección contraria. La ausencia de la administración Trump en este proceso podría incluso haber contribuido a esa impronta.
El documento parte de un diagnóstico certero: los sistemas tributarios actuales son inadecuados para responder a las urgencias de los países en desarrollo, y urge reestructurarlos con un enfoque progresivo y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También, se destaca la necesidad de fortalecer la cooperación tributaria internacional de manera inclusiva y eficaz, con el fin de mejorar la capacidad recaudatoria y combatir la evasión y la elusión fiscal con medidas sólidas.
Hay un claro compromiso con la necesidad de gravar los grandes patrimonios y riquezas, transparentar el gasto tributario (es decir, privilegios fiscales), garantizar una fiscalidad con perspectiva de género, eliminar los paraísos fiscales y las prácticas fiscales agresivas que incentivan los flujos financieros ilícitos. También se insiste en que todas las multinacionales paguen impuestos donde realmente generan su actividad económica. Por último, se resalta la importancia de fortalecer las administraciones tributarias, mejorar el intercambio de información y ampliar la asistencia técnica.
Cinco aspectos son relevantes para destacar:
- Apoyar a aquellos países que se propongan aumentar la cobertura de la protección social en al menos dos puntos porcentuales por años.
- Que para el 2030 se duplique la ayuda, principalmente, a aquellos países que aumenten su carga tributaria al menos en un 15% del PIB.
- Respaldar el proceso de negociación para una Convención Marco sobre Fiscalidad.
- Impulsar la representación y potenciación de la voz y participación de los países en desarrollo en la arquitectura fiscal internacional.
- Apoyar el rol de la sociedad civil en la denuncia de los flujos financieros ilícitos.
En síntesis, la narrativa en materia fiscal planteada por el “Compromiso de Sevilla” es congruente con lo que plantea la sociedad civil global que levanta las banderas de la justicia fiscal. Es necesario remarcar que el documento carece de mecanismos concretos para implementar sus planteamientos y que también concede espacio a la OCDE y al poder corporativo transnacional. No queda duda de que pudo haber sido más ambicioso, pues en un mundo donde el poder financiero captura gobiernos y erosiona democracias, fortalecer los sistemas tributarios nacionales, erradicar los regímenes de privilegio y recuperar capacidades fiscales soberanas es una tarea ineludible.
Sin embargo, lo fundamental es que el “Compromiso de Sevilla” establece un marco político respaldado por los gobiernos para que desde la sociedad civil —y particularmente en América Latina— nos demos a la tarea de profundizar la lucha por la progresividad de nuestros sistemas tributarios, fortalecer la transparencia fiscal y combatir el fraude fiscal que erosiona nuestras finanzas públicas.