El 29 de mayo, la Alianza por la Justicia Fiscal en Uganda, una coalición informal de individuos y organizaciones de la sociedad civil, reclamó al gobierno y a otros actores clave terminar con las exenciones fiscales dañinas en Uganda.
“Nuestra preocupación como alianza tiene que ver con varios puntos: las exenciones fiscales dañinas, los ingresos fiscales perdidos como consecuencia de incentivos y exoneraciones, las exenciones especiales, los poderes discrecionales otorgados al ministro para premiar con incentivos fiscales y exenciones, la falta de acceso a información y de divulgación pública sobre incentivos otorgados a corporaciones e individuos, y por último, la incapacidad para rever periódicamente el impacto o beneficios que se están acumulando a través de incentivos y exoneraciones. Debe entenderse que las exenciones fiscales equivalen a una pérdida fiscal que deberá ser pagada por alguien más; en este caso serán los ciudadanos los que cargarán con este costo.”
La alianza nacional reúne a SEATINI Uganda, Oxfam en Uganda, Grupo de Defensa del Presupuesto de la Sociedad Civil (CSBAG), Red Deuda Uganda (UDN), Action Aid Uganda (AAIU), Observatorio ciudadano-Tecnología de Información (CEW-IT), Asociación por el Desarrollo de Mujeres y Niñas (WEGCDA), Instituto de Gobernanza del Agua (WGI), Centro de Información por la Libertad de África (AFIC), Foro Interuniversitario de Justicia Fiscal (IUTJF) y la Iniciativa por los Derechos Sociales y Económicos (ISER). Juntas, organizaron una conferencia de prensa en las oficinas de SEATINI Uganda en Kampala para presentar sus preocupaciones, observaciones y recomendaciones con respecto a las exenciones fiscales en Uganda.
“La Alianza por la Justicia Fiscal reconoce que la Inversión Extranjera Directa (IED) es crítica para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo”, afirmaron. Existe conciencia de que los incentivos fiscales como las exenciones pueden promover inversiones en el país si son transparentes, gestionados y otorgados de manera equitativa. También es un hecho que cuando los incentivos fiscales están mal administrados, puede distorsionarse la dinámica del mercado interno acarreando corrupción.
No obstante, un análisis conducido por la Alianza por la Justicia Fiscal sugiere que los países en desarrollo no necesitan otorgar incentivos o exenciones fiscales para atraer Inversión Extranjera Directa (IED), porque la decisión de invertir por parte de corporaciones multinacionales genuinas se basa en otros parámetros, tales como el costo de la mano de obra y de la energía, la presencia de una infraestructura adecuada y el clima general de inversión. Esto ha sido confirmado varias veces por el FMI y el Banco Mundial, quienes establecen que los países más exitosos en atraer inversión extranjera no han tenido que ofrecer exenciones fiscales, sino más bien han invertido en factores importantes como infraestructura de buena calidad, bajos costos administrativos para la instalación y la gestión de negocios, estabilidad política y políticas macro-económicas predecibles, siendo todos factores que alentarán el crecimiento y la expansión de la inversió. Las mismas preguntas abundan sobre si es relevante y crítico ofrecer exoneración fiscal para atraer IED.
Puedes leer su declaración a la prensa aquí, que incluye una lista de instituciones e individuos beneficiarios de exenciones fiscales en el país, así como las recomendaciones de la sociedad civil sobre este tema:
- “El parlamento, con la asistencia del Auditor General, necesita realizar periódicamente análisis sobre el costo-beneficio y el costo-oportunidad de todas las exenciones impositivas que han sido otorgadas hasta ahora y las por venir, para justificar la continuidad de su existencia.
- Revisar el régimen de inversión para permitir más supervisión por parte de la Autoridad de Inversión de Uganda, obteniendo más responsabilidad de los inversores.
- El gobierno debería establecer un comité multisectorial de monitoreo de los incentivos y exenciones fiscales otorgados que reporte al parlamento, integrando a los políticos y a la sociedad civil, para evaluar su pertinencia.
- El gobierno debería poner en práctica procesos y procedimientos transparentes para la gestión y otorgamiento de exenciones fiscales. Esto promoverá la transparencia y disuadirá el clientelismo político.”
La Alianza también aprovechó la oportunidad para apoyar el tema usando un caso práctico, puesto que los miembros del parlamento estaban justamente votando una propuesta del Presidente Museveni: una exención fiscal corporativa de 15 años a la empresa Bujagali Energy Limited (BEL), instalación de generación eléctrica de 250 mega watts. El mismo día de la conferencia de prensa, los miembros del parlamento rechazaron los 15 años, pero respaldaron una exención de 5 años de la tasa corporativa aplicada sobre los beneficios de la compañía, según advirtió la Alianza por la Justicia Fiscal. Puedes leer un artículo exhaustivo sobre esta votación aquí.
Para mayor información, puedes contactar a Nelly Busingye Mugisha, Oficial del Programa “Financiamiento para el desarrollo/Justicia Fiscal” de SEATINI-Uganda.
