Publicado por Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe aquí.

En vísperas de la quinta sesión de negociaciones para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, expertos de la sociedad civil han lanzado un llamado urgente para transformar de raíz el sistema financiero internacional. En un webinar informativo organizado por la Global Alliance for Tax Justice (GATJ), advirtieron que el éxito de este tratado histórico se medirá por su capacidad para devolver la soberanía económica a las naciones que han sido históricamente marginadas por las reglas fiscales dictadas desde el Norte Global.

Este proceso en la ONU marca un quiebre con el siglo de dominio de la OCDE; un organismo que, según los expertos, ha permitido que el mundo pierda anualmente cerca de 500 mil millones de dólares debido al abuso fiscal de corporaciones y personas ultrarricas.

Un cambio de paradigma 

Para la región, este tratado es una herramienta de supervivencia social. Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC) y coordinador del área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (Latindadd), indicó que nos encontramos en un escenario en que los sistemas tributarios están privilegiando a las grandes fortunas mientras castigan a la población general con impuestos indirectos.

Falco resaltó que la región pierde el 6% de su PIB, unos 320 mil millones de dólares al año, por evasión y elusión. Estos recursos, señaló, son los que se necesitarían invertir en hospitales públicos colapsados y sistemas educativos precarios que perpetúan la pobreza. Ante este escenario, el experto destacó el valor político de las negociaciones actuales: “Por primera vez tenemos igualdad de voz y voto para definir reglas fiscales globales. Eso se llama democracia y eso se llama igualdad multilateral”.

El secretario ejecutivo de la RJFALC fue tajante al señalar que el borrador actual del convenio aún debe endurecerse respecto a la tributación de los altos patrimonios, advirtiendo que los gobiernos no deben simplemente «explorar» enfoques, sino implementar soluciones reales. “No estamos pidiendo, desde nuestra región, ni caridad ni cooperación condicional, simplemente exigimos justicia fiscal para recuperar la soberanía económica sobre nuestros recursos”, concluyó.

La demanda de soberanía fue compartida por voces de otros continentes. Chenai Mukumba, Directora Ejecutiva de Tax Justice Network Africa, recordó que las reglas actuales se diseñaron en la época colonial, privando a los países africanos de su derecho a gravar la riqueza generada por sus propios recursos naturales y trabajadores. Por su parte, Charles Santiago, miembro de Tax and Fiscal Justice Asia, expuso el caso de los centros de datos en Malasia, que consumen energía y agua local mientras sus beneficios digitales se evaporan hacia paraísos fiscales. Santiago propuso sustituir el sistema de «precios de transferencia» por una tributación unitaria que obligue a las multinacionales a declarar sus ganancias donde realmente operan.

Este drenaje de recursos tiene un impacto directo en la capacidad de los Estados para enfrentar la crisis climática. Jeannie Manipon (APMDD) y Rebecca Newsom (Greenpeace International) señalaron la hipocresía de los gobiernos que alegan falta de fondos para la transición energética mientras permiten que las petroleras registren beneficios récord. 

Newsom puso como ejemplo a Shell, cuyos beneficios en un solo trimestre podrían haber financiado energía limpia para millones de hogares. La opacidad de estas empresas quedó expuesta en el informe The Shell Files, presentado por Vincent Kiezebrink (SOMO), que detalla cómo se trasladan beneficios a jurisdicciones como las Bahamas mediante maniobras contables.

La transparencia como eje central

La lucha contra la opacidad es la piedra angular de esta nueva arquitectura financiera. Klelia Guerrero García, especialista en Justicia Fiscal, Clima y Género de Latindadd, vinculó la justicia tributaria con la emergencia ambiental, señalando que es imposible gravar una riqueza que los Estados no pueden ver.

Guerrero criticó la ausencia de un Registro Global de Activos en el texto actual, el que calificó como la pieza faltante para identificar a los beneficiarios finales de fortunas ocultas en estructuras offshore. Su mensaje para los negociadores fue contundente: “La crisis de desigualdad y de cambio climático son inseparables, no podemos resolver la una sin enfrentar la otra”.

Para la experta, la transparencia no es un fin en sí mismo, sino el medio para dotar a los países de los recursos necesarios para la mitigación y adaptación climática. “Sin transparencia no puede haber una tributación efectiva de la riqueza y sin una tributación efectiva de la riqueza los países seguirán careciendo de los recursos necesarios para responder a esa crisis climática”, enfatizó Guerrero. Recordó también que América Latina es una de las regiones más vulnerables a impactos ambientales que no provocó.

A medida que las delegaciones se preparan para la quinta sesión en Nueva York, la sociedad civil ha dejado claro que no aceptará un tratado débil. Tove Maria Ryding (Eurodad) advirtió que la ONU es ahora la única instancia para crear un sistema justo, y que el intento de algunos países del Norte Global de bloquear el proceso solo generará más caos financiero.

El mensaje final de la jornada fue de unidad: las naciones del Sur Global y la sociedad civil internacional permanecerán vigilantes para asegurar que la Convención Tributaria de la ONU se convierta en un sistema al servicio del desarrollo sostenible, la equidad y, sobre todo, de las personas y el planeta.