(Fotografía: Marcha de mujeres organizada por All India Women Hawkers Federation en Kolkata/India, en 2020)
Mientras la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) discute soluciones para promover la igualdad de género a lo largo de su 65a sesión, la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ, por sus siglas en inglés) entregó una carta abierta a la ONU, firmada por 127 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. GATJ y los demás signatarios reiteran su compromiso de trabajar por un modelo económico y sistemas fiscales democráticos, inclusivos y redistributivos que garanticen los derechos de las mujeres, y piden una solución multilateral para que los impuestos funcionen para las mujeres.
Desde su creación, GATJ ha defendido el establecimiento de un organismo fiscal global intergubernamental bajo los auspicios de la ONU. “Las Naciones Unidas es el único lugar donde podríamos garantizar la igualdad de derechos fiscales de los estados miembros. La creación de un organismo tributario global sería un gran paso para detener todas las formas de abuso tributario por parte de las corporaciones multinacionales y las élites”, dice Caroline Othim, Coordinadora de Campañas y Políticas Globales – África en GATJ.
Jornadas Mundiales de Acción – Justicia Fiscal por los Derechos de las Mujeres 2021
La carta abierta a la ONU es parte de una serie de actividades de las Jornadas Mundiales de Acción – Justicia Fiscal por los Derechos de las Mujeres 2021, una campaña organizada por GATJ, sus miembros y aliados para crear conciencia sobre la importancia de la justicia fiscal y tributaria para avanzar en la igualdad de género. La campaña destaca la demanda del movimiento global por la justicia fiscal a los gobiernos e instituciones multilaterales para que cumplan con sus obligaciones y realicen los derechos humanos, y a las corporaciones multinacionales para que paguen su parte justa de impuestos.
La edición de este año tiene lugar cuando el mundo completa al menos un año desde el brote del COVID-19, que ha exacerbado desigualdades preexistentes, incluida la desigualdad de género, y ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres. Este impacto negativo sobre quienes viven en la pobreza — especialmente las mujeres — tiene sus raíces en un sistema económico atrasado que coloca las ganancias individuales y corporativas por encima de las personas y el planeta, y refuerza la urgencia de hacer que los impuestos funcionen para las mujeres en una nueva economía basada en derechos.