Publicado por Latindadd aquí.

Miembros de la sociedad civil que trabajan sobre tributación internacional advierten que el actual esquema tiene más de cien años y ya no sirve para un mundo con una economía globalizada.

Nueva York, febrero de 2026.– Con un sistema fiscal basado en normas de hace cien años, integrantes de la sociedad civil advierten que la Convención Fiscal de la ONU representa una oportunidad histórica para cambiar el sistema tributario global que no responde a las necesidades actuales de las poblaciones. En el marco de la cuarta sesión de negociaciones para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, la Global Alliance for Tax Justice (GATJ) y el Mecanismo de la Sociedad Civil sobre Financiamiento para el Desarrollo (CSFFD) organizaron un evento paralelo para analizar el balance y las perspectivas de las negociaciones. 

La Convención Fiscal debe ser un instrumento ambicioso que apunte a resolver problemas estructurales como la erosión de las bases imponibles en el Sur Global y la falta de transparencia sobre las grandes fortunas y las multinacionales, coincidieron los panelistas. La sociedad civil que participa en las negociaciones para la Convención insiste en que las medidas adoptadas por la OCDE no deben replicarse en la ONU, pues  sería perjudicial para un proceso democrático y global.

Tras más de un siglo de vigencia, las bases del sistema tributario internacional diseñadas en la década de 1920 bajo la Sociedad de Naciones han quedado obsoletas. Jeannie Manipon, co-coordinadora de Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA), recordó que el desafío actual es “corregir las fallas, los desequilibrios y las inequidades de una arquitectura tributaria internacional de hace 100 años”. En la misma línea, Everlyn Mwendo, responsable de Política Tributaria en Tax Justice Network Africa, señaló que el debate actual desafía “este sistema centenario” que ya no responde a las dinámicas de una economía digitalizada y globalizada. Para la sociedad civil, la Convención Fiscal de la ONU representa la primera oportunidad real en décadas de revisar de manera estructural esas reglas históricas obsoletas.

El convenio frente a tratados existentes

Tove Maria Ryding, responsable de Incidencia y Políticas Públicas de la European Network on Debt and Development (Eurodad) y miembro del Comité de Coordinación de la Global Alliance for Tax Justice (GATJ), abrió el panel con una evaluación crítica del texto preliminar de la Convención: “Estamos aquí para construir un sistema tributario internacional para el desarrollo sostenible. Ese es el mandato de la Asamblea General de la ONU. El mensaje general sobre el texto en negociación es que estamos muy, muy lejos de lograrlo”, afirmó.

Ryding centró su intervención en el futuro Artículo 15, que regulará la relación entre la Convención y otros acuerdos internacionales, incluidos los tratados para evitar la doble imposición. Para la sociedad civil, la convención debe tener un efecto real y vinculante: “Si existen acuerdos que contradicen lo que diga la Convención Fiscal, no debería ser una cuestión debatible si deben modificarse o no; por supuesto que deben modificarse o terminarse. De lo contrario, ¿para qué estamos aquí?”.

También cuestionó que se pretenda trasladar automáticamente estándares acordados en la OCDE al proceso de la ONU: “No podemos asumir que solo porque la OCDE haya adoptado algo, deba adoptarse aquí”.

El derecho a quién y cómo cobrar

En su intervención, Everlyn Muendo, Responsable de Política Tributaria de Tax Justice Network Africa, abordó el Artículo 5, que trata sobre la asignación equitativa de derechos de imposición entre países fuente y países de residencia.

“El Artículo 5 contiene el compromiso que es el corazón de todo este proceso: la asignación justa de los derechos de imposición”, explicó. Muendo criticó también que el texto preliminar se basara en conceptos económicos ambiguos como “creación de valor”, cuya interpretación varía según los intereses de cada bloque. “La forma en que los países desarrollados definen la creación de valor no es la misma que la forma en que la definen los países en desarrollo”, indicó.

Asimismo, resaltó la importancia de establecer que los derechos de imposición no pueden negarse únicamente por falta de presencia física, en un contexto de digitalización de la economía. No obstante, recordó que la discusión entre países fuente y de residencia es profundamente política: “No podemos confiar únicamente en conceptos económicos como creación de valor o ubicación del mercado… esto es tanto una cuestión económica como política que debe abordarse”.

Fiscalidad y sostenibilidad ambiental

Nina Stros, Experta en Políticas Globales de Greenpeace International, analizó el Artículo 4, relativo a la coherencia entre políticas fiscales y desarrollo sostenible. Advirtió que el texto sigue siendo excesivamente general: “Si lo lees ahora mismo y te lo llevas a casa, básicamente no nos compromete a nada más allá de lo que ya sabemos”.

Stros sostuvo que los sistemas fiscales deben alinearse con principios como responsabilidades comunes pero diferenciadas, progresividad y el principio de “quien contamina paga”. Criticó que en el sistema actual “las ganancias se privatizan y los costos se socializan”, en referencia a cómo los daños ambientales son asumidos por la sociedad.

Planteó la necesidad de una tributación ambiental progresiva y de explorar mecanismos globales, como recargos sobre las ganancias de las industrias más contaminantes, no solo para recaudar, sino para desincentivar prácticas perjudiciales y alinear la fiscalidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Género e industrias extractivas

Jeannie Manipon, de TAFJA, alertó sobre el riesgo de reproducir desigualdades estructurales en el nuevo marco. “No queremos reescribir las desigualdades en las nuevas reglas fiscales”, señaló.

Cuestionó la ausencia de un enfoque explícito de género en la convención: “Realmente me desconcierta por qué, pese a todos los compromisos internacionales en materia de igualdad de género, no hay un lenguaje específico y explícito en la convención”. También defendió la propuesta del Grupo Africano de incluir un artículo específico sobre industrias extractivas, dada su histórica vinculación con flujos financieros ilícitos, prácticas fiscales abusivas y daños ambientales.

Tributación de las grandes fortunas

Nathalie Beghin, co-presidenta de Latindadd y miembro del Consejo de Coordinación de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, sostuvo que la concentración extrema de riqueza socava la capacidad estatal para financiar derechos y desarrollo. En América Latina, recordó, “el 1% de la población adulta concentra más de un tercio de la riqueza de la región”. Para que la tributación a grandes fortunas funcione, enfatizó la necesidad de transparencia, intercambio automático de información y mecanismos globales vinculantes de implementación y monitoreo.

Denunció también intentos de algunos países por debilitar su contenido mediante un lenguaje no vinculante: “Están intentando diluir la ambición de este artículo”. 

Transparencia e intercambio de información

Florencia Lorenzo, investigadora senior del equipo de políticas de Tax Justice Network, resaltó que la transparencia y el intercambio de información son pilares del futuro marco.

Advirtió que el nuevo artículo sobre intercambio de información es ambiguo respecto a los mecanismos específicos y cuestionó la idea de que el actual Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa (MAC) sea suficiente, debido a sus limitaciones y reservas.

“Claramente no estamos ante un sistema que sea adecuado para el desarrollo”.  Lorenzo también defendió la publicación de los reportes país por país (CBCR) como la vía más eficaz para garantizar acceso amplio a información clave, especialmente cuando multinacionales operan en jurisdicciones sin presencia legal formal.

El evento cerró con un llamado a elevar la ambición del texto y asegurar que la Convención Fiscal de la ONU no se limite a ajustes técnicos, sino que siente las bases de una arquitectura tributaria más equitativa, inclusiva y coherente con los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Para la sociedad civil, el momento es decisivo: el nuevo marco no puede repetir las fallas del pasado.