Convención Fiscal de la ONU: entre reformar el sistema tributario global o que nada cambie

Tras la primera semana de negociaciones, emergen dos caminos para la Convención Fiscal de la ONU: mantener el statu quo o redistribuir el poder tributario global

Publicado por Red de Justicia Fiscal de America Latina y el Caribe aquí.

Nueva York, 6 de febrero.- La primera semana de la cuarta sesión de negociaciones para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional volvió a poner en evidencia un patrón ya conocido. Mientras buena parte de los países del Sur Global buscan reglas más ambiciosas y vinculantes para enfrentar la evasión, la elusión y la desigualdad fiscal, muchas economías desarrolladas apuestan por un lenguaje cauteloso, de “alto nivel” y sin compromisos que alteren el statu quo.

Las discusiones se organizaron por artículos del borrador preliminar de la Convención. El primer día estuvo centrado en los Artículos 4 y 5; el segundo abordó los Artículos 6 y 7; y las jornadas siguientes profundizaron en los Artículos 8, 9 y 10. En paralelo, la sociedad civil internacional presionó para que la Convención sea una herramienta real de redistribución, justicia climática y soberanía fiscal, y no un tratado adherido a los estándares promovidos por la OCDE.

Desarrollo sostenible y derechos humanos

La semana inició con el análisis del Artículo 4, que busca integrar la fiscalidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mientras países como China y los Países Bajos abogaron por mantener un lenguaje de «alto nivel» para evitar complicaciones administrativas, una fuerte corriente liderada por el Grupo Africano y Brasil insistió en reconocer las «capacidades diferenciadas» de los Estados.

La sociedad civil fue enfática en este punto. Denunció que el sistema actual está diseñado bajo estructuras patriarcales y coloniales, exigiendo que la Convención incluya compromisos vinculantes para una tributación con enfoque de género y el financiamiento de servicios públicos. Instó a fortalecer el artículo para incluir el principio de «quien contamina paga», argumentando que las corporaciones y los superricos deben financiar la resiliencia climática ante desastres que ya cuestan miles de millones de dólares.

Nathalie Beghin, co-presidenta de Latindadd y miembro del Consejo de Coordinación de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe,  señaló que la tributación efectiva de las personas con patrimonio neto elevado es fundamental para el éxito de la Convención.

Asignación justa de derechos impositivos 

Este artículo originó uno de los debates más políticos. El Grupo Africano propuso que los derechos de imposición reflejen la contribución económica real, incluyendo mercados y usuarios, y que ningún país pierda su potestad tributaria por la ausencia de presencia física. Tanzania y Sierra Leona respaldaron este enfoque.

La propuesta de renegociar tratados fiscales existentes generó un rechazo frontal de Alemania, Suiza, Países Bajos, Reino Unido e Israel, que argumentaron riesgos de inseguridad jurídica y afectación a la soberanía nacional. Para estos países, reabrir tratados bilaterales amenaza los equilibrios ya pactados y los intereses de sus empresas multinacionales. Mientras que el Sur Global respondió que los tratados actuales son obsoletos y perpetúan una distribución injusta de la riqueza.

Grandes fortunas bajo la lupa  

La tributación de individuos de alto patrimonio neto reveló divisiones profundas. Brasil, España y Suecia defendieron la progresividad como principio central, mientras que el Grupo Africano y Nigeria propusieron reemplazar el verbo “explorar” por “adoptar” mecanismos coordinados, buscando compromisos más fuertes.

Países como Canadá, México y Noruega cuestionaron la viabilidad de una definición universal de “ultra ricos”, y Suiza insistió en salvaguardias de confidencialidad. Las organizaciones civiles, por su parte, fueron más ambiciosas. Propusieron un Registro Global de Activos, un impuesto mínimo global a los multimillonarios y un cambio hacia la tributación en la fuente y según la sustancia económica. También resaltaron el impacto ambiental desproporcionado de las grandes fortunas y su responsabilidad en la financiación climática.

Flujos financieros ilícitos: evasión, elusión y poder corporativo

El debate más técnico giró en torno a si los flujos financieros ilícitos deben incluir la elusión fiscal agresiva. Bélgica, Irlanda y Canadá defendieron una definición restringida a actos ilegales, mientras que el Grupo Africano exigió un enfoque más amplio y el derecho a gravar en la fuente.

La sociedad civil denunció que los actuales estándares de intercambio de información funcionan como una “calle de un solo sentido” que excluye al Sur Global, y reclamó informes públicos país por país para exponer el traslado artificial de beneficios.

Prácticas fiscales perniciosas y soberanía

Alemania, Reino Unido y Canadá insistieron en la falta de una definición clara de “práctica fiscal perniciosa” y alertaron contra restricciones a la soberanía fiscal. Otros países pidieron evitar duplicar el trabajo de la OCDE.

Desde las organizaciones de la sociedad civil se cuestionó el uso selectivo del concepto de “prácticas fiscales perniciosas”, señalando que ha sido aplicado de forma desproporcionada para estigmatizar a países del Sur Global, mientras se omiten o minimizan regímenes fiscales agresivos vigentes en economías desarrolladas. En ese sentido, propusieron redefinir el concepto desde una perspectiva de derechos humanos, de modo que se considere perniciosa cualquier práctica fiscal que erosione la capacidad de los Estados para movilizar recursos públicos.

Cooperación administrativa e intercambio de información

Los artículos 9 y 10 revelaron preocupaciones sobre capacidades institucionales, reservas constitucionales y protección de datos. El nuevo Artículo 10 busca consolidar normas de intercambio de información, pero no genera consenso sobre su estatus. Para la sociedad civil, la cooperación efectiva requiere creación de capacidades como un derecho, no como una opción, y reglas que corrijan las asimetrías actuales.

Tras una semana intensa de discusiones, el panorama comienza a surgir con más claridad: la Convención Fiscal de la ONU se debate entre dos caminos. Por un lado, una Convención con un enfoque cauteloso, que no altera de fondo las reglas actuales. Por el otro, una propuesta más ambiciosa, que apunta a corregir las desigualdades del sistema tributario global, hacer que quienes más tienen aporten más y generar más recursos. El rumbo final dependerá de cuánto margen de negociación consigan los países del Sur Global en lo que resta de esta 4ta ronda de negociaciones.

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