Centroamérica: ‘Incentivos fiscales desfavorecen el desarrollo social’

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10/16/2019

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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) de Guatemala, miembro de la Red de Justicia Fiscal de Latino-América y Caribe (RJFLAC), participó en Septiembre del Taller de identificación de vulnerabilidades a los derechos de las trabajadoras de las zonas francas de Centroamérica y formulación de propuestas de acción, coordinado por la Asociación Mujeres en Solidaridad (AMES), y que contó con la participación de la Red Centroamérica de Mujeres en Solidaridad con las trabajadoras de la maquila (Redcam).

ICEFI cuenta entre las organizaciones que saben trazar el vínculo indispensable entre Justicia Fiscal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“El desarrollo social, económico, ambiental y laboral de los habitantes del planeta, desde 2015, tiene como derrotero el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con metas específicas como el fin de la pobreza, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, y acción por el clima, entre otras”, explica ICEFI. 

“En el caso de Guatemala, ese concepto se aplica en el Plan Nacional de Desarrollo, K’atun 2032, una visión de país y un proyecto que tiene un plazo de 20 años para transformar gradualmente la sociedad por medio del desarrollo sociocultural, económico y político de las y los guatemaltecos.”

“Sin embargo, la intención por promover planes y objetivos de desarrollo suele no tener una línea de trabajo clara desde algunas instituciones del Estado, que llevan a cabo prácticas que perjudican esos objetivos de bien común. En el caso de la situación laboral en Guatemala, por ejemplo, persisten falencias que afectan unas mejores condiciones de empleo para la población, lo que ralentiza que se cumplan con lo propuesto en los ODS y en K’atun 2032.”

Ana Cevallos, Economista investigadora del Instituto, participó en la actividad con una ponencia sobre los incentivos fiscales y cómo transitar de privilegios a políticas efectivas de inversión y empleo en el marco de los ODS.

“Pese a que el Estado de Guatemala asumió compromisos ligados a los ODS y fundamentados en K’atun 2032, los conflictos de intereses, el lobby de grupos empresariales y decisiones políticas, que carecen de sustento técnico, son todavía prioridad al momento de impulsar políticas económicas y laborales que traen poco beneficio al desarrollo social, según estimaciones del Icefi. Según estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el PIB real no ha crecido, mientras que tampoco existen cifras oficiales para determinar el incremento de empleos en el país; por su parte, Datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sat) muestran que el gasto tributario en el país fue de más de Q39 millones desde 2009 a 2015.”

“Para alcanzar los ODS debe haber mayores ingresos tributarios e inversión desde el Estado”, agregó Cevallos. 

“A consideración del Icefi, la hoja de ruta al 2030 impulsada por el plan K’atun es solo la fase de cambio de tendencias, mientras que las metas y la planificación deben ir más allá. Los Estados y sus gobiernos deben poner a las personas en el centro de un plan de desarrollo que garantice igualdad, bienestar y sostenibilidad ambiental. Si bien el debate sobre el desarrollo es político, se requiere de recursos técnicos y una utilización estratégica de la política fiscal para tener más precisión. La cooperación regional, por su parte, podría elevar las posibilidades de éxito.”

“Cuando se habla de incentivos tributarios, se piensa que habrá inversión extranjera y eso mejora la calidad de vida, pero hay que cuestionarnos si con eso se resuelven los problemas del mercado laboral para generar empleos de calidad”, dijo Cevallos.

En la presentación del Icefi se expuso que, según datos del Foro Económico Mundial, los factores principales que detienen la inversión son el crimen, la corrupción, la burocracia gubernamental ineficiente, el suministro inadecuado de infraestructura y la inestabilidad política.

“Con incentivos fiscales el Estado deja de percibir ingresos necesarios para invertir en la infraestructura, seguridad y otros aspectos”, agregó la investigadora. 

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