Miembros de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC) y Latindadd, junto con miembros y aliados, se reunieron con académicos y otros representantes de organizaciones de la sociedad civil los días 2 y 3 de mayo, para debatir formas de avanzar hacia una fiscalidad inclusiva, sostenible y equitativa en la región. El foro fue promovido por el Ministerio de Hacienda de Colombia en Bogotá, y forma parte de la primera Cumbre Fiscal regional de la historia, convocada por el anterior Ministro de Hacienda del país, José Ocampo, en el Foro Económico Mundial.
Varios puntos de preocupación con el evento fueron planteados por organizaciones de la sociedad civil debido a la falta de transparencia en el proceso de selección de las contribuciones, que también incluyó algunos panelistas que defendieron más bien intereses corporativos, lo que representa un retroceso en el trabajo progresista que la sociedad civil ha venido desarrollando durante décadas. En respuesta a ello, RJFALC y Latindadd emitieron una declaración, que se puede leer y respaldar aquí.
“América Latina y el Caribe es la región más desigual de la tierra. Tiene indicadores sociales que empeoraron mucho en el último tiempo y no lograron recuperarse del todo de los efectos devastadores de la pandemia. La pésima realidad social y económica de la región tiene entre sus varias causas una de peso: el fraude tributario. Precisamente por eso, se necesita más que nunca una articulación política en torno a temas tributarios, pero con una agenda temática más amplia y sin la captura corporativa hacia los Estados”, escribió Adrián Falco, coordinador de la RJFALC, en artículo sobre el evento pre-Cumbre Fiscal.
A continuación, algunos puntos clave presentados que pueden contribuir a un verdadero pacto fiscal que cambie las reglas del juego en América Latina y el Caribe:
Los derechos humanos como punto de partida de la política fiscal
La mayoría de los participantes coincidieron en que es necesaria una reforma fiscal internacional incluyente y Pedro Rossi, investigador de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), reiteró que incluso la lógica que suele guiar la formulación de los modelos económicos debe cambiar.
“Tenemos un problema: la forma en que el enfoque económico tradicional trata – o no – las cuestiones de derechos humanos. Como los derechos humanos se basan en parámetros morales, la asignación de recursos debe respetar también la equidad y tales parámetros. Pero si nos fijamos en la economía ortodoxa, ésta dice que la distribución de recursos debe respetar la eficiencia, no la moral. La economía ortodoxa es supuestamente neutral, como si fuera medicina, pero en la economía no hay un laboratorio lo suficientemente grande donde quepamos todos y controlemos todas las variables sociales”, dijo Rossi, que es miembro del comité de expertos de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, una iniciativa de la sociedad civil latinoamericana que lucha por situar los derechos humanos en el centro de las políticas fiscales y de gasto público.
“La economía es una ciencia moral. Si no la vemos así, tendremos dificultades para incluir los derechos humanos en nuestros modelos, porque la eficiencia no garantiza necesariamente los derechos. Necesitamos cambiar esta lógica, necesitamos una nueva economía basada en los derechos humanos”, defendió.
Fortalecer la cooperación regional
Claudia Vargas, directora de la Oficina de Tributación Internacional de Colombia, y Nathalie Beghin, coordinadora de políticas de Inesc y copresidenta de Latindadd, destacaron la importancia de reforzar la cooperación regional para luchar contra el abuso fiscal.
Vargas compartió que reforzar el intercambio automático de información financiera y fiscal entre países y jurisdicciones es clave para facilitar el control, la supervisión y la formulación de políticas. Beghin hizo varias recomendaciones sobre cómo gestionar mejor los gastos fiscales, como eliminar los privilegios fiscales a las corporaciones (como las exenciones que no tienen resultados redistributivos o sociales) y fomentar mayor transparencia en la información fiscal.
“La cooperación regional es muy importante para unificar las bases imponibles y evitar una destructiva carrera hacia la baja de impuestos, que obviamente incluiría aún más exenciones fiscales”, dijo Beghin, añadiendo también que “la redistribución y la solidaridad son valores que deberíamos tener en cuenta” mientras se construyen estas bases. “Esa es la verdadera eficiencia”, argumentó.
Con justicia fiscal se puede avanzar la igualdad de género
La política fiscal afecta desproporcionadamente a las mujeres en la intersección de las desigualdades, como señaló Cristina Vieceli, investigadora de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil). Un estudio, que realizó con el investigador Rober Iturriet, demuestra que las mujeres pagan proporcionalmente más impuestos que los hombres en Brasil.
“Los hombres son la mayoría de los contribuyentes en todos los niveles de renta, pero las mujeres pagan tasas efectivas más altas”, dijo, explicando que esto se debe principalmente al sesgo de género en los sistemas fiscales, así como a su naturaleza regresiva y a una excesiva dependencia de los impuestos indirectos. Ella ilustró con un ejemplo: “En Brasil, los beneficios y los dividendos no se gravan, y los hombres son los que reciben mayoritariamente este tipo de ingresos”.
Además de gravar los beneficios y dividendos, su propuesta de reforma fiscal con perspectiva de género incluye la reducción de impuestos sobre artículos básicos – como alimentos, energía y productos de higiene –, en los que las mujeres suelen gastar más sus ingresos. Aumentar la deducción fiscal entre las familias monoparentales y fijar tipos impositivos más altos para los viajes y las adquisiciones inmobiliarias (consumidas principalmente por los hombres de clase alta) también podrían contribuir a un sistema más igualitario, indicó Vieceli.
Aumentar la movilización de recursos domésticos y acabar con las medidas de austeridad
Mientras el mundo entero se enfrenta a los retos de la recuperación de la pandemia, Matti Kohonen, director ejecutivo de la Financial Transparency Coalition (FTC), subrayó que los gobiernos deben movilizar más recursos públicos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “La UNCTAD calcula que se necesitan 4 billones de dólares para financiar los ODS, y el principal argumento presentado por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es que esta escala de financiación sólo puede movilizarse a partir de fuentes privadas”, aseguró. “Sin embargo, a partir de la experiencia de la pandemia, podemos ver que los países del Norte Global fueron capaces de asignar una media del 19% de su PIB a la recuperación y la asistencia social.”
Un informe realizado por la FTC junto a Tax Justice Network Africa (TJNA), Asian Peoples’ Movement for Debt and Development (APMDD) y Latindadd, enfocado en 21 países en desarrollo, muestra que los países del Sur Global movilizaron sólo el 2,6% de su PIB para financiar la recuperación. “Entre 2020 y 2021, en estos 21 países del Sur Global, sólo el 38% del gasto de recuperación ha sido asignado a la protección social, mientras que las grandes empresas obtuvieron el 38%, las micro, pequeñas y medianas empresas el 20%, y el sector informal el 4%”, subrayó.
Kohonen también advirtió de los efectos negativos de las medidas de austeridad, ampliamente adoptadas en la región. “El gasto de la recuperación en 2021 ha terminado en gran medida, dando paso a una ola de austeridad que el 85% de la población mundial vivirá en 2023 en países que han estado aplicando recortes del gasto público. Sólo reformas fiscales progresivas pueden invertir la tendencia”, afirmó.
Las negociaciones y la toma de decisiones relacionadas con la tributación deben tener lugar en la ONU
Los participantes subrayaron durante el evento la importancia de reformar la arquitectura fiscal mundial para abordar eficazmente el abuso fiscal internacional y reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos.
“La arquitectura fiscal internacional está rota y es completamente irrelevante hoy en día. En aquella época no teníamos el mismo tipo de corporaciones. Las empresas pagan tasas impositivas efectivas del 5% o incluso del 0%. En los últimos años, hemos visto una explosión de las ganancias mundialmente, pero no un aumento del impuesto a las corporaciones. Estamos entregando dinero a las grandes empresas, y privándonos de infraestructuras básicas y servicios públicos esenciales”, afirmó Jayati Ghosh, copresidenta de la Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (Icrict).
Sergio Chaparro, responsable de políticas e incidencia internacional de Tax Justice Network (TJN), dio un ejemplo concreto de lo resquebrajada que se encuentra esta arquitectura fiscal: según el informe de TJN Estado de la Justicia Fiscal 2020, cada año se pierden 427 mil millones de dólares debido al abuso fiscal internacional. En América Latina, las pérdidas se estiman en 93 mil millones de dólares anuales.
Muchos panelistas destacaron que la llamada solución de Dos Pilares de la OCDE se queda corta, y respaldaron el llamado de los países en desarrollo y de la sociedad civil a favor de un proceso fiscal intergubernamental en las Naciones Unidas (ONU). La propuesta fue presentada por primera vez por el Grupo Africano y aprobada recientemente en la 77ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en noviembre de 2022.
“El acuerdo fiscal de la OCDE tiene varios problemas, pero quizá el mayor sea que el beneficio para los países en desarrollo ha sido mínimo. Este es un problema que ya está demostrado en análisis de todo el mundo, incluido el del Fondo Monetario Internacional”, dijo Ocampo. “Si queremos que nuestros países alcancen un nivel de desarrollo que garantice los derechos de la población, necesitamos fortalecer un esquema fiscal global en el que los países en desarrollo vean defendidos sus intereses”, dijo Luis Carlos Reyes, director de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian).
Ocampo reiteró que un organismo fiscal intergubernamental en la ONU es necesario para construir sistemas fiscales incluyentes, sostenibles y equitativos. “Es una alternativa que deberíamos considerar seriamente, ya que la ONU es verdaderamente inclusiva y representativa de los países en desarrollo, a diferencia de la OCDE”, argumentó.
